Siete grupos empresariales rechazaron la decisión del gobierno de cambiar por decreto los precios.

La decisión del presidente Gustavo Petro de intervenir por decreto el mercado energético para cambiar las tarifas actuales, fue rechazado por los principales gremios del sector energético y de servicios.

En el último Consejo de Ministros, el mandatario dijo que “ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptar la actual fórmula legal de la energía eléctrica que coloca techos razonables a la tarifa de energía hídrica y solar, expediré por decreto, el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa, solo a un 5% del total de la generación”.

En esta misma reunión, Petro expresó que “se eliminará el monopolio privado de la importación del gas, que está especulando con el precio y eleva la tarifa eléctrica a todos los usuarios del país”. Ante el reclamo de los generadores de que no se reúne con ellos para hablar sobre el problema energético, el presidente dijo que siempre ha estado dispuesto a conversar con el sector.

En una comunicación pública, siete gremios del sector energético (Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia y ACP), señalaron su descontento con los se “Rechazamos contundentemente los señalamientos provenientes del Gobierno nacional en contra de las empresas del sector, y hacemos un llamado respetuoso a atender la crisis actual con rigor técnico y atendiendo estructuralmente las necesidades de todos los usuarios del país. Es fundamental que el debate se base en hechos verificables y no en afirmaciones que pueden desviar la atención de los retos que enfrenta el sistema”, sostuvieron los gremios.

En su mensaje, los gremios puntualizan que “la estabilidad del sector eléctrico colombiano se sustenta en un modelo institucional técnico y robusto con total apego a la Constitución, que ha garantizado, por más de 30 años, que millones de colombianos puedan acceder a servicios públicos que, como es el caso de la energía eléctrica, cuyo suministro ha sido permanente y con mejor calidad en las últimas décadas. Hoy, nuevamente lamentamos que con afirmaciones imprecisas se genere desconfianza y busque afectar a las empresas del sector y a los más de 15 millones de hogares colombianos, comercios e industrias que dependen de este servicio esencial”.

Asimismo, señalan, que “las tarifas son legales, constitucionales y se basan en la regulación vigente. La llamada “nueva fórmula tarifaria”, que realmente es una modificación al mecanismo de confiabilidad, no fue adoptada por ninguna empresa de manera voluntaria porque es una propuesta antitécnica que perjudica la disponibilidad de energía, la sostenibilidad económica de los proyectos y las tarifas para los usuarios, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema en momentos críticos. Intervenir los mercados para cambiar las tarifas actuales por decreto pone en riesgo la seguridad jurídica del sector, genera riesgos económicos desproporcionados y podría disminuir significativamente la oferta de proyectos de generación renovable”.

LOS PRECIOS

Además, aseguran que “los precios en bolsa de energía reflejan la estrechez entre oferta y demanda, y no representan ganancias injustificadas. Se basan en la dinámica entre oferta y demanda, que opera en todos los mercados del mundo en los que prima la libre competencia, y permite alertas situaciones críticas del sistema. En épocas de periodos de alta disponibilidad hídrica, los precios tienden a bajar; en épocas críticas, suben. Este valor impacta en menos del 7% en la tarifa que pagan los usuarios finales, ya que en promedio solo el 20% de la demanda se compra por este mecanismo”.

Añaden que “insistir en propuestas como las de restringir la venta de energía en bolsa de las generadoras renovables a máximo el 5% rompe las señales de eficiencia, compromete la confiabilidad del suministro, irrumpe el principio constitucional de libre empresa y podría encarecer las tarifas para todos”.

LAS DEUDAS

Reiteran los empresarios la urgencia de que se paguen las deudas pendientes con el sector energético: “es fundamental saldar las deudas pendientes con las empresas comercializadoras y garantizar el pago de los valores asociados a la opción tarifaria. En 2024, las comercializadoras de energía acumularon más de $7 billones en cuentas por cobrar de subsidios por parte del Estado, opción tarifaria, y deudas por parte de entidades oficiales, entre otros, situación que compromete seriamente su sostenibilidad financiera”.

Finalmente, enfatizan que “la transición energética requiere planeación, no se puede hacer con improvisación. Los paneles solares en los hogares son una alternativa, sin embargo, no reemplazan la red nacional y sin almacenamiento no garantizan cobertura continua de la demanda de energía, especialmente en horas nocturnas o días nublados”.

Las declaraciones del Consejo responden directamente a un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que los empresarios del sector “quieren seguir cobrando la energía que sale del agua como si fuera gas importado”. A través de sus redes, el mandatario aseguró que la nueva fórmula tarifaria establecida por la CREG “moderniza” el sistema y protege al usuario frente a lo que calificó como “fórmulas especulativas”.

“El usuario de la energía es sujeto de derechos y de seguridad jurídica, y no debe ser estafado por tarifas que le cobran por encima de sus costos reales”, aseguró el jefe de Estado. Petro también indicó que el diálogo está abierto desde hace meses, pero que el sector privado no ha asistido a los encuentros.

El Consejo Gremial fue enfático en la necesidad de preservar la independencia técnica de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). “Politizar las decisiones regulatorias solo aleja la inversión y pone en riesgo la expansión energética que el país necesita”, indicaron.

Además, alertaron sobre la crítica situación financiera de las empresas del sector, que acumulan una deuda estatal superior a los $7 billones, lo cual podría afectar la continuidad del servicio si no se resuelve oportunamente.

INCERTIDUMBRE PONE EN JAQUE INVERSIONES

Los gremios también advirtieron que la actual incertidumbre y los mensajes contradictorios del Gobierno han generado un entorno riesgoso que pone en juego más de $13 billones en inversiones. Estas inversiones son fundamentales para ampliar la capacidad de generación y responder a la creciente demanda del país.

Igualmente, destacaron el papel estratégico del gas natural en la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, especialmente ante la intermitencia de otras fuentes.