Cuando la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe en 2020, un coro celebró lo que creyó la caída definitiva de un político incómodo para sus intereses. Cinco años después, seguimos sin sentencia y el desgaste reputacional.

El proceso avanza mientras la Fiscalía se aferra a las interceptaciones telefónicas que, lejos de probar delito alguno, exhiben a un expresidente insistiendo en que toda información delicada sea documentada y enviada a la autoridad competente para que investigue. El aparente error de marcación al excongresista Nilton Córdoba -que en realidad era la línea del presidente Uribe- se convirtió en la joya de la corona para un caso construido desde el interés personal y político.

Escuchar los audios completos presentados en la audiencia es revelador. No aparece una sola instrucción para comprar testigos, manipular declaraciones o presionar a nadie; lo que se oye es a Uribe pidiendo verificación, orden y transparencia. La pregunta inevitable se hace audible en cada pausa: ¿estas grabaciones sirven a la Fiscalía o a la defensa? Los testigos llamados por los abogados del expresidente han ratificado el mismo patrón: ninguna orden ilegal, ningún incentivo oculto.

En 2021, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, advirtió en un salvamento de voto que la Corte Suprema cuando inició las grabaciones al teléfono de Uribe venía pisando terreno pantanoso. Recordó que la indagatoria de la Ley 600 no equivale a la imputación formal de la Ley 906. Al equipararse, señaló Ibáñez, vulnera el debido proceso y augura nulidad.

No es un tecnicismo menor. Sin imputación válida no hay juicio legítimo; sin acusación completa no hay derecho de defensa real; sin reglas claras la justicia se erosiona. Aun así, la Fiscalía ha mantenido la hipótesis de que no existía secreto profesional que proteger entre abogado y acusado. Sin embargo, la tesis diseñada para mantener las grabaciones en el proceso, ha ignorado lo de fondo: las conversaciones muestran a un líder insistiendo una y otra vez en el juego limpio, jamás en la trampa.

La dimensión política fue clara. El magistrado José Luis Barceló, entonces magistrado de la Corte Suprema, pronunció antes de cualquier proceso o decisión formal la frase que marcó el tono: “Uribe terminará preso”. El mensaje era inequívoco: neutralizar su capacidad de movilizar multitudes, condicionar la agenda nacional y maniatarlo políticamente, sin reparar en el daño infligido a la majestad y legitimidad de la justicia.

Pero el tiro les ha salido por la culata. Las audiencias transmitidas en vivo, han dejado ver los vacíos de la acusación. Por ejemplo, Néstor Humberto Martínez -exfiscal general y cercano a opositores de Uribe- lo describió como un patriota que jamás antepuso intereses personales al servicio público. El relato de la Fiscalía se sostiene más en conjeturas que en hechos verificables, mientras la defensa, liderada por Jaime Granados, aporta documentos, contextos y coherencia. Varios de los testigos han mencionado lo que siempre se le dijo al Presidente Uribe: el congresista Iván Cepeda realizó visitas a cárceles, en las que se dirigía personas procesadas o condenadas durante su gobierno para indagarles por el expresidente Uribe.

En este punto, la justicia misma se juega la credibilidad. El país observa cómo y para qué un magistrado pudo anteponer intereses personales al peso de la toga, cómo el sistema diseñado para tutelar derechos se supera y cómo la persecución política ha pretendido tomarse la justicia.

Invito a quienes no han seguido las audiencias a invertir unas horas y escuchar las declaraciones sin filtros. Allí comprobarán la manera de ser del expresidente: exigente con la precisión de hechos, celoso del respeto debido a las instituciones, convencido de que la mejor defensa es la transparencia absoluta.

Uribe no ha perdido su liderazgo ni su legado; lo que sí se ha puesto en cuestión es la capacidad del Estado para garantizar procesos justos, sin prejuicios. El veredicto final se debe sustentar en pruebas reales, no en narrativas prefabricadas producto de intereses personales y políticos.

*Exdirectora del ICBF