Un total de 944 cartas de indemnización administrativa entregó la Unidad para las Víctimas durante el mes de junio en el departamento del Magdalena, como parte del proceso de reparación integral que lidera el Estado colombiano para saldar la deuda histórica con las víctimas del conflicto armado.

El monto total asignado superó los $8.534 millones, distribuidos en jornadas realizadas en Santa Marta, Aracataca y Pivijay, con el propósito de continuar esta labor humanitaria y garantizar el acceso de las víctimas a los mecanismos de justicia transicional.

“Estas jornadas no son solo actos administrativos o financieros; son encuentros profundamente humanos. La indemnización no es solo un reconocimiento económico, es un acto de reparación y dignidad para quienes han vivido los efectos del conflicto armado. Cada entrega es una oportunidad para reconstruir proyectos de vida y fortalecer la esperanza”, afirmó Audes Jiménez, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena.

ESPACIOS DE ATENCIÓN

Además de las cartas de indemnización, las jornadas funcionaron como espacios de atención integral en articulación con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv). Gracias a esta coordinación interinstitucional, los asistentes recibieron orientación en áreas como formación laboral, empleabilidad, acceso a salud, vivienda, educación y asesoría jurídica, consolidando una atención que va más allá del componente monetario.

Las actividades también incluyeron actos simbólicos y manifestaciones culturales, que buscaron destacar la resiliencia de las comunidades afectadas por el conflicto. A través de expresiones artísticas, se promovieron mensajes de empoderamiento, memoria y reconocimiento de los procesos individuales y colectivos de superación del dolor.

VOZ DE BENEFICIARIOS

Muchos de los beneficiarios, provenientes de zonas rurales y urbanas del Magdalena, destacaron el impacto positivo de esta reparación económica. Para ellos, representa no solo un alivio tras años de espera, sino una herramienta para transformar sus condiciones de vida y proyectarse hacia el futuro con dignidad.

“Con este dinero pienso invertir en un pequeño negocio y terminar la educación de mis hijos. Es una ayuda que llega después de muchos años de espera, pero que representa una oportunidad de empezar de nuevo”, relató una beneficiaria.

La entrega de estas indemnizaciones hace parte del cumplimiento del mandato constitucional de la Unidad para las Víctimas, que busca garantizar una reparación integral, no solo desde lo económico, sino también desde el acompañamiento psicosocial, la reconstrucción del tejido social y el reconocimiento de la verdad histórica.

COMPROMISO DEL ESTADO

Con este tipo de intervenciones territoriales, el Estado colombiano reafirma su compromiso con la paz, la justicia y la no repetición, elementos clave en el proceso de reconciliación nacional. La reparación no solo es una obligación legal, sino un acto de responsabilidad moral frente a quienes han sido históricamente vulnerados

La Unidad para las Víctimas anuncia que continuará desplegando jornadas similares en otros municipios del país, con el propósito de avanzar en la materialización efectiva de los derechos de las víctimas y garantizar que su voz, su dignidad y su bienestar sigan siendo el centro de la política pública de reparación.

Con estas 944 cartas entregadas en junio, el Magdalena se consolida como uno de los territorios con mayores avances en materia de reparación individual, reflejando el compromiso institucional con una Colombia que transita hacia el reconocimiento, la verdad y la reparación transformadora.