La Diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia calificaron como un “acto infame” el hallazgo de una fosa común con ocho cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde el 4 de abril y fueron identificadas por sus familiares como líderes sociales y espirituales de la región.

El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, monseñor Héctor Fabio Henao, explicó que la noticia fue recibida “con mucho dolor” por parte de las comunidades y señaló que se trataba de personas “que hacían una labor de servicio a sus comunidades”.

El religioso aseguró que la masacre causa un profundo desconcierto entre los habitantes del Guaviare y subrayó la urgencia de exigir respeto por la vida, los liderazgos espirituales y sociales, así como la necesidad de fortalecer la construcción de una sociedad en la que la dignidad humana sea el centro.

Las organizaciones religiosas manifestaron su rechazo a este tipo de hechos y afirmaron que “representan una grave afectación a la vida social y la paz de la región”.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también rechazó el homicidio de los ocho líderes y urgió a las autoridades judiciales a avanzar con celeridad en las investigaciones para identificar, capturar y judicializar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos instó al Gobierno a implementar acciones contra los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en Guaviare y a garantizar la seguridad de la población civil, así como el acceso efectivo a derechos básicos como la justicia, la salud y la educación.

Según el Ministerio Público, los hechos constituyen una violación al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y advirtió que no se pueden permitir este tipo de conductas, que ya han sido registradas también en regiones como Cauca y Norte de Santander.

La Fiscalía General de la Nación recuperó los cuerpos en una fosa común ubicada en Calamar, luego de que se activaran mecanismos de búsqueda urgente por la denuncia de sus familias. Según la investigación, las víctimas fueron citadas por integrantes del frente ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las FARC, quienes sospechaban que colaboraban con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las citaciones ocurrieron entre el 4 y el 7 de abril, y tenían como propósito interrogar a las víctimas por la supuesta creación de una célula del ELN en la zona. De acuerdo con las pesquisas, las ocho personas fueron llevadas a un predio abandonado, donde fueron asesinadas por orden de un cabecilla cercano a alias Iván Mordisco.

Los cuerpos fueron identificados preliminarmente como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. La recuperación de los restos contó con el acompañamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 11 del Ejército Nacional.

BOGOTÁ, (Colprensa).