El Gobierno nacional anunció hace agunos días la apertura de canales de diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de encontrar una salida a la crisis fiscal que atraviesa el país.

Como parte de este proceso, una misión del FMI llegará a Bogotá la próxima semana con el propósito de continuar estructurando posibles instrumentos que contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento de Colombia.

La gravedad de la situación que encontrará el FMI la confirmó Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, quien en recientes declaraciones advirtió que el déficit fiscal amenaza con convertir en no viables las finanzas del país.

Chalk señaló que el déficit primario de Colombia equivale a 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB, un nivel que calificó como muy alto.

Además, aseguró que la deuda pública ya representa 60% del PIB y continúa en aumento.

“Esta situación no es sostenible ni viable. Creemos que el país debe realizar un esfuerzo concertado para reducir su deuda”, indicó el director del Fondo para el Hemisferio Occidental.

Sin embargo, esta no es la única vez que Colombia ha decidido acudir al FMI como una medida para solventar sus problemas económicos. A los largo de la historia, el país ha tenido que recurrir a este tipo de mecanismos en otras oportunidades y, por lo general, han sido procesos que han estado acompañados por una intensa conflictividad social.

LA RELACIÓN DE COLOMBIA Y EL FMI

Colombia es miembro del FMI desde 1945 y ha tenido cerca de 28 acuerdos con este organismo. Sin embargo, tal y como lo explica el exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejia, El antecedente más importante que tiene el país con el FMI es en 1999, cuando fue acordado un programa respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo.

Mejia aseguró que este programa tuvo un valor de aproximadamente US$2.700 millones, acompañado de compromisos de ajuste fiscal y reformas estructurales, lo que permitió contribuir a respaldar la recuperación de la confianza y el proceso de estabilización económica.

No obstante, el momento más importante de los últimos años en la relación de Colombia con el FMI fue la solicitud de un crédito flexible para solventar la crisis económica que dejó la pandemia del Covid-19.

“Posteriormente, Colombia suscribió acuerdos precautorios en 2003 y 2005, y desde 2009 tuvo acceso a la Línea de Crédito Flexible, reservada para países con fundamentos y políticas económicas muy sólidas. Esta línea fue utilizada por primera vez durante la pandemia, cuando Colombia desembolsó aproximadamente US$5.400 millones en diciembre de 2020”, señaló Luis Fernando Mejia.

“La relación con el FMI ha tenido, por tanto, dos dimensiones: el acceso a financiamiento externo en circunstancias excepcionales y el respaldo institucional a políticas económicas orientadas a preservar la estabilidad macroeconómica”, añadió el exdirector de Fedesarrollo.

En ese sentido, los mecanismos de financiación a los que ha tratado de acceder Colombia siempre han surgido en el marco de condiciones excepcionales que han puesto en riesgo la estabilidad económica y fiscal del país.

Sin embargo, acudir al FMI también trae consigo una serie de limitaciones que pueden afectar el crecimiento económico del país, en relación a exigir compromisos sobre las políticas económicas, ajustes que pueden incidir en el empleo, los ingresos y los servicios públicos, y la autonomía económica.

SE NECESITA FINANCIAMIENTO Y DECISIONES DEL GOBIERNO

Aunque el Gobierno ya ‘mostró sus cartas’ en relación con el ajuste fiscal (con una estricta reducción de gastos y la eliminación de algunas exenciones tributarias y tarifas especiales de IVA), aún no es claro si el acuerdo con el FMI implicará ir aún más allá.

Para Mejía, lo que está claro, más allá de decisiones puntuales es que el trabajo conjunto con el FMI estará orientado a estructurar un programa de ajuste fiscal creíble.

En su análisis, Luis Fernando Mejia indicó que la financiación podría permitir aliviar las necesidades económicas y reducir parcialmente el costo del servicio de la deuda pública; mientras que el programa de ajuste fiscal podría disminuir el déficit y contribuir a estabilizar la deuda pública.

“Un programa de esta naturaleza puede contribuir a recuperar la confianza de los inversionistas, reducir la prima de riesgo país y facilitar una disminución de las tasas de interés de toda la economía. Esto último es clave porque el elevado déficit fiscal está encareciendo el crédito y desplazando la inversión privada”, añadió el exdirector de Fedesarrollo.

Sin embargo, para el economista este plan tiene que traer consigo grandes decisiones en materia de política económica por parte del Gobierno, aspecto que será determinante para el éxito de la intervención del FMI.

Además, el Gobierno también tiene la posibilidad de analizar otras opciones de financiamiento que permitan fortalecer la confianza internacional y mejorar las condiciones del país.

“El acercamiento al FMI tiene sentido en las circunstancias fiscales actuales, pero es importante entender que el Fondo no reemplaza las decisiones de política económica que debe adoptar el Gobierno. Colombia necesita reducir de manera sostenida un déficit fiscal cercano al 7% del PIB, avanzar hacia el equilibrio o superávit primario y estabilizar la deuda pública. Ninguna fuente de financiamiento, por favorable que sea, puede sustituir ese ajuste”, indicó el exdirector de Fedesarrollo.

“Por supuesto, el Gobierno también debe explorar otras fuentes de financiamiento multilateral, como el Banco Mundial y el BID, y mantener su acceso a los mercados de capitales. Pero la principal ventaja de un eventual acuerdo con el FMI es que puede combinar financiamiento con un marco de compromisos fiscales verificables, que contribuya a recuperar la credibilidad de la política económica”, concluyó Luis Fernando Mejia.

/COLPRENSA