El acceso de los pequeños productores agropecuarios al crédito en Colombia sigue siendo limitado, mientras que la mayor parte de los recursos se concentra en los grandes productores, concluyó la Contraloría General de la República tras analizar el periodo 2014-2023.

En ese lapso, los pequeños y medianos productores recibieron solo el 15 % de los $249 billones desembolsados en créditos agropecuarios, frente al 68 % destinado a los grandes, lo que evidencia una desigualdad en la distribución y la necesidad de ajustar las políticas para mejorar el acceso a la financiación de los pequeños.

Los recursos que acceden los pequeños productores corresponden al 86 % del total de transacciones, con un promedio de crédito otorgado de $10,5 millones, monto que no permite inversiones para aumentar productividad sino que se destina principalmente a capital de trabajo.

La Contraloría identificó múltiples cuellos de botella para este grupo, entre ellos la informalidad en la tenencia de tierras, desconocimiento de subsidios y apoyos estatales, baja cobertura bancaria en zonas rurales dispersas, altos costos financieros, falta de educación financiera y escasa asistencia técnica para la formulación y seguimiento de proyectos productivos.

Adicionalmente, mencionó limitaciones como la falta de acceso a alivios financieros, la aversión al riesgo de la banca de primer piso, la experiencia crediticia exigida, trámites complejos y demorados, costos administrativos elevados y la insuficiente presencia institucional, factores que desincentivan la solicitud de crédito por parte de los pequeños productores.

El informe destacó la importancia de fortalecer líneas de crédito dirigidas a esquemas asociativos y entes territoriales para permitir inversiones a mediano y largo plazo, lo que podría mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario.

Riesgos agroclimáticos y cobertura de riego

En otro estudio sectorial sobre riesgos agroclimáticos y adaptación al cambio climático, la Contraloría señaló que Colombia cuenta con cerca de 18,3 millones de hectáreas potenciales para adecuación de riego y drenaje y con 780 distritos de riego y drenaje, de los cuales 220 están fuera de operación.

De estos distritos, 83 son propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), de los cuales 30 no operan, y 687 pertenecen a asociaciones, con 171 fuera de funcionamiento.

La falta de infraestructura adecuada limita la mitigación de sequías e inundaciones, lo que representa un riesgo para la producción agropecuaria que depende del régimen de lluvias. La Contraloría señaló proyectos estratégicos inconclusos que podrían irrigar cerca de 43.000 hectáreas y advirtió sobre la falta de recursos presupuestales para su culminación.

El análisis sectorial también incluyó a productores de La Mojana, región afectada recurrentemente por inundaciones y sequías entre 2010 y 2024, donde el 33 % de los consultados aseguró no haber recibido ningún tipo de apoyo y solo el 28 % señaló haber recibido ayudas del Gobierno, mientras que el 5 % dijo haber recibido cooperación internacional.

La mayoría de las ayudas se clasifican como humanitarias y en dinero. La Contraloría concluyó que la falta de coordinación y articulación interinstitucional impide la consolidación de resiliencia climática en esta eco-región, limitando el desarrollo territorial frente a las brechas sociales, económicas y ambientales.

/Colprensa