En la investigación adelantada por el Ministerio Público se logró establecer que Redondo Herrera habría entregado al director del penal y al comandante de guardia, la carpeta jurídica de Zúñiga Ramos con documentación que no correspondía a la verdad, induciendo a la emisión de la orden de libertad para el citado interno, la cual se ejecutó esa misma noche.

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También que, luego de la fuga y al darse cuenta del engaño, el equipo directivo del penal consultó con el Juzgado que tenía a cargo la ejecución de penas y con la Policía, sobre la autenticidad de estos documentos, encontrando que nunca fueron emanados desde estos despachos. 

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La Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría logró constatar con pruebas técnicas que estos documentos nunca fueron enviados al correo electrónico destinado por el penal para estos trámites, como lo habría afirmado el funcionario investigado. La falta endilgada fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.

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