Sectores políticos en Medellín mostraron su preocupación por la supuestas gestiones que estaría haciendo la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta ante las Fuerzas Militares, para beneficiar a integrantes de grupos criminales.

Las revelaciones fueron publicadas por la revista Semana, quienes mostraron los lujos que tienen en la cárcel los líderes de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, que hicieron parte del llamado ‘tarimazo’. Estas personas tendrían en sus espacios

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció a través de esta misma red social, diciendo que él ha realizado varias denuncias al respecto. «Lo he venido denunciando. En poder de la Corte Suprema de Justicia están mis denuncias contra la señora Zuleta», expresó el mandatario distrital.

Gutiérrez Zuluaga afirmó que, «según estos elementos se presionan a Generales para que no se capturen jefes de estructuras criminales en Medellín y les informan sobre operativos en su contra. Después de mis denuncias, extrañamente, recibo amenazas. Es un peligro”.

«Le ayudan a las Farc y a otras organizaciones criminales. Los que cometan estos actos, no solamente debe perder la investidura, deben ir a la cárcel», concluyó el alcalde de Medellín.

Concejo de Medellín ataca a Zuleta

Concejales de Medellín calificaron como «muy graves» estas revelaciones. Sebastián López, presidente del Concejo de la ciudad, afirmó que para nadie es un secreto que el denominado ‘Pacto de la Picota’ es una realidad.

«Nada de esto es nuevo. Se advirtió una y otra vez. Hoy queda en evidencia que @ISAZULETA debilita a la Fuerza Pública y favorece a los grupos armados ilegales. El llamado Pacto Histórico terminó siendo un pacto criminal contra Colombia», dijo en su cuenta de X.

El concejal Alejandro de Bedout también se pronunció a través de sus redes sociales diciendo: “esto es muy grave. El ejército durmiendo con el enemigo. Ni Piedad Córdoba se atrevió a tanto».

De Bedout señaló a Zuleta de liderar el montaje de los cabecillas en el llamado ‘tarimazo’ en Medellín, «burlándose del Estado, de las víctimas y de la ciudad». Según el concejal, la publicación demostraría «llamadas, presiones y maniobras para frenar a la Fuerza Pública mientras enfrentaba estructuras criminales».