Alcaldía compró vehículos por $1.000 millones para la Policía con sobrecostos
El alcalde Alfredo Navarro Manga enfrenta una ola de críticas luego de la compra de vehículos a precios ´inflados´ para la Policía Nacional. Las diferencias entre el costo de adquisición y el valor real de mercado han generado serias dudas sobre la legalidad del contrato y su ejecución.
La adquisición de seis motocicletas y una camioneta ha generado controversia debido a los altos precios de los vehículos, que superan ampliamente los valores de mercado.
El alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Alfredo Navarro Manga, se encuentra en el centro de una nueva polémica tras la firma de un contrato millonario para la compra de vehículos destinados a la Policía Nacional. El contrato, por un total de 1.013 millones 946.205 de pesos, ha levantado serias sospechas de sobrecostos, lo que ha generado acusaciones de corrupción y podría acarrear implicaciones legales tanto disciplinarias como penales para el mandatario local.
El acuerdo, formalizado el 17 de diciembre de 2024 con la empresa Gama Automotores S.A.S., se centró en la adquisición de seis motocicletas y una camioneta, destinados a reforzar las actividades de seguridad en el municipio. Sin embargo, el precio pactado para estos vehículos ha sido objeto de críticas debido a su aparente desmesura en comparación con los valores de mercado, lo que pone en evidencia posibles irregularidades en el proceso de contratación.
INCONSISTENCIAS EN LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS
A pesar de que en principio el contrato parecía seguir su curso sin problemas, la entrega de los vehículos a la Alcaldía ha destapado graves inconsistencias. Los análisis de mercado indican que el valor de las motocicletas, que fueron adquiridas por 120 millones de pesos cada una, es considerablemente superior al precio estimado para este tipo de vehículos, que no debería superar los 50 millones de pesos según las especificaciones de la Policía Nacional. La camioneta, por su parte, fue adquirida por 294 millones de pesos, un precio mucho mayor que el valor de mercado, que ronda los 170 millones de pesos.
REACCIÓN DE LA COMUNIDAD
Este escándalo ha generado una fuerte indignación en la comunidad, que ha solicitado una investigación exhaustiva por parte de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Las autoridades deberán aclarar el destino de los recursos públicos y determinar si existieron actos de corrupción en el proceso de adquisición de estos vehículos.
