“Una ley no puede ser solo un eslogan”

El proyecto declara a la Ciénaga como zona de “interés ambiental, turístico, ecológico y pesquero”, y habla de promover el ecoturismo. Pero Gil advierte que la propuesta carece de mecanismos vinculantes, indicadores de impacto o controles institucionales. “Una ley no es un eslogan: debe traducirse en obligaciones. Aquí no pasa”, señaló.

Redundancia legal y conflicto de normas

Gil recordó que la Ciénaga ya cuenta con protección internacional bajo la Convención RAMSAR, entre otras figuras legales. Añadirle un “sello turístico” sin articular normativamente los objetivos de conservación genera, según él, un “ruido normativo” que puede debilitar las medidas de protección vigentes.

Ignora estructuras ya existentes
Otro punto clave es la exclusión de las instancias interinstitucionales que ya existen para la gestión del humedal. “Existen comités y mesas técnicas donde confluyen Nación, Departamento y autoridades ambientales. El texto ni los menciona, ni los fortalece”, afirmó Gil.

Riesgos de turistificación descontrolada

Uno de los aspectos más criticados es la promoción del turismo sin ningún tipo de límites ambientales claros. El proyecto “invita” al ecoturismo, pero no plantea zonificación, carga máxima ni mecanismos de resolución en caso de conflicto entre actividad turística y conservación ambiental.
“El resultado probable es más presión sobre un ecosistema ya colapsado”, alertó.

Presupuesto sin sustento ni garantías

Gil también advierte que el artículo que menciona inversiones carece de fuentes, cronogramas o responsables claros. “Autorizar inversión no es lo mismo que asignar presupuesto”, dijo, y agregó que sin metas verificables o sanciones por incumplimiento, el riesgo es una ejecución discrecional.

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En materia de pesca, el proyecto la trata como un “potencial” económico, pero no plantea un ordenamiento pesquero que es, según él, imprescindible para la recuperación del ecosistema.

Comunidades marginadas de la toma de decisiones

Aunque el proyecto menciona el “territorio”, Gil denuncia que la participación comunitaria es simbólica. No incluye mecanismos como la consulta incidente, veedurías ciudadanas con poder vinculante o presupuesto participativo. “Sin las comunidades, la implementación se queda en el papel”, sostuvo.

Este fallo fortalece la posición del ambientalista, quien insiste en que cualquier iniciativa legislativa debe subordinar todos los usos posibles del humedal a la recuperación ecológica.

“La ciénaga necesita ejecución, no promesas”

Gil concluyó su hilo con un llamado a la acción concreta: abrir cauces obstruidos, restaurar manglares, ordenar la pesca y sancionar capturas ilegales. “Menos títulos rimbombantes, más tareas concretas y medibles”, sentenció.

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A su juicio, el Proyecto de Ley 025 “tapa la crisis, no la cura”, y solo tendría sentido si fuera una ley articuladora: con presupuesto amarrado, indicadores claros y participación comunitaria efectiva.