Indignado se mostró Perseo Lombana, heredero del maestro Héctor Lombana, por la intervención a la obra de su padre, la escultura de la indígena que permaneció por muchos años en el Camellón ‘Rodrigo de Bastidas’ de Santa Marta y que fue trasladada a la bahía de Taganga. Esta recientemente fue pintada de manera inadecuada, lo que ha generado críticas por parte de la comunidad que se había acostumbró a verla en su estado original.
Perseo Lombana, hijo del reconocido escultor, expresó su rechazo categórico al considerar que se trata de un atentado contra el patrimonio cultural de la ciudad. “No estoy de acuerdo porque la obra pública no es un lienzo para que vengan particulares a expresar su arte en ellas, para eso están los espacios para grafiti y demás. Independientemente de la consideración estética que tenga quien lo haya hecho, eso no debería pasar”, afirmó en diálogo con EL INFORMADOR.
La intervención, que se hizo sin ningún tipo de autorización o criterio técnico, ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía. Mientras algunos critican la acción por irrespetar el sentido original de la obra, otros aseguran que el hecho pone en evidencia el abandono histórico que han sufrido estas esculturas. “Han sido movidas, modificadas, sin ningún proceso, como si no hubiera interés en conservarlas”, agregó Lombana.
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Expertos advierten que este tipo de actos pueden constituir delitos tipificados en el Código Penal colombiano. El artículo 265 establece penas de entre uno (1) y cinco (5) años de prisión y multas de hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño en bien ajeno. En este caso, el hecho podría también vincularse con la afectación al patrimonio cultural.
La escultura de las mujeres Tayrona fue diseñada por Héctor Lombana como un tributo a las civilizaciones ancestrales que habitaron el territorio samario, y forma parte del inventario patrimonial de la ciudad, lo que exige protección y manejo técnico especializado.
Ante este escenario, la comunidad artística y patrimonial hace un llamado urgente a las autoridades para que se investigue lo ocurrido, se establezcan responsabilidades y se garanticen medidas efectivas para la conservación y el respeto de los bienes culturales de Santa Marta.