Una denuncia pública realizada a través de redes sociales volvió a poner en el centro del debate la situación de seguridad en el sector de El Rodadero, en Santa Marta. El ciudadano Luis Miguel Moisés García aseguró que su hijo fue presuntamente intimidado por hombres armados luego de verse involucrado en un accidente de tránsito.

De acuerdo con su versión, el hecho ocurrió frente al edificio Santa María del Mar, donde el joven colisionó con una tricimoto. Según relató, en lugar de que el procedimiento fuera atendido por agentes de tránsito o por la Policía, al sitio habrían llegado cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El denunciante afirmó que los sujetos asumieron el control del caso y exigieron el pago inmediato de $1.500.000 por los daños ocasionados. Según su testimonio, la advertencia fue que, de no entregar el dinero, el joven sería trasladado a la Sierra Nevada.

Moisés sostuvo que el incidente debía resolverse mediante una póliza y por los canales legales correspondientes. Asimismo, manifestó su preocupación por lo que considera una práctica reiterada en la zona, donde según afirmó algunos comerciantes recurrirían a estructuras armadas ilegales para mediar conflictos derivados de accidentes o situaciones de convivencia.

A través de sus publicaciones, el ciudadano pidió la intervención de las autoridades locales y nacionales y calificó lo ocurrido como un hecho grave en pleno corredor turístico de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial frente a esta denuncia.

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Grupo señalado niega los hechos
Horas después de la publicación, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada difundieron un comunicado en el que rechazaron las acusaciones y aseguraron no tener relación con el caso.

Sin embargo, en el mismo documento manifestaron que “por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de años de gobiernos”, afirmación que ha generado inquietud en distintos sectores, al tratarse de funciones que corresponden exclusivamente al Estado.

El grupo también divulgó en redes sociales videos relacionados con el accidente mencionado. Frente a esto, el denunciante cuestionó públicamente cómo dicha organización obtuvo el material audiovisual si, según su comunicado, no intervino en el hecho.

La situación ha generado preocupación entre ciudadanos y reabre el debate sobre la seguridad y la institucionalidad en uno de los principales sectores turísticos de Santa Marta.