El caso fue asignado al magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga, encargado de solicitar documentos al Concejo de Santa Marta y a la Registraduría Nacional para precisar la fecha oficial de la renuncia. Esa información será determinante para la decisión de fondo.

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Juristas especializados en temas electorales advierten que el manejo del proceso debe ser ágil y respetar completamente las garantías del candidato. En caso de que se presenten retrasos injustificados o vulneraciones al debido proceso, el asunto podría llegar a instancias de tutela para salvaguardar los derechos políticos tanto del aspirante como de los votantes en el departamento.

Si finalmente se concluye que sí existió inhabilidad, el CNE tendría la potestad de anular la inscripción de Martínez antes de las elecciones, lo que modificaría drásticamente el escenario político y obligaría a replantear estrategias en los distintos sectores que participan de la contienda.