El país, su democracia, su población y sus instituciones enfrentan hoy una de sus mayores amenazas. El Presidente de la República, quien no ha entendido que es el Presidente de todos los colombianos y no sólo de sus electores, tiene contra las cuerdas la unidad nacional en su afán por cambiar el modelo socioeconómico; está dispuesto a acabar con todo.

Miente al decir que gobierna para todos y en especial para los más necesitados, recordemos que fue él y su partido el Pacto Histórico, los que votaron en contra de establecer el programa de Ingreso Solidario para los más necesitados, fueron ellos los que se opusieron a la devolución del IVA a las personas de menores ingresos, en época de pandemia.

El Gobierno, con la supuesta bandera de defender a los trabajadores, presentó un proyecto de ley de reforma laboral, que no observa la necesidad de la mayoría que tiene un empleo informal o que simplemente no tiene trabajo, es un proyecto dirigido a menos de 9 millones de colombianos, que destruye empleos y amplía la brecha al desconocer las condiciones de los más vulnerables. Ante la derrota en el Congreso, seno de la democracia, decidió radicar una consulta popular fundamentada en que debería ser el pueblo quien decida sobre sus derechos.

Ante tal presión, frente al engaño a la población que suponía la consulta y bajo la amenaza de convocar al pueblo a las calles, el Congreso decidió negarla y revivir la discusión de la reforma laboral. Fue en ese momento donde se logró desenmascarar al Presidente y su Gobierno, pues, para sorpresa de muchos, esta reforma ya no les interesa y no la acompañan. Argumentan que debe ser el pueblo quien determine su futuro. Es así como pretenden usurpar las funciones constitucionales del Congreso, debilitar nuestra democracia y acabar con nuestras instituciones.

En un acto de provocación y de rompimiento institucional, el Gobierno presentó una nueva consulta popular. Ya no le sirve la reforma laboral que tanto defendía, tampoco le importan los derechos de los trabajadores, su objetivo es alborotar las masas e iniciar una campaña que les permita perpetuar su modelo. Es evidente que su único fin es debilitar y someter al Estado, es el propio Presidente el que incita al pueblo a sublevarse contra el mismo Estado y sus instituciones, promoviendo un paro nacional que especialmente perjudica a los más necesitados.

Engaña a la población al decir que está luchando por su salud, cuando fue él quien acabó con el Sistema y nos tiene en cuidados intensivos, son sus decisiones y su animadversión por el sector privado, lo que tiene a los colombianos haciendo filas interminables por un medicamento y/o por la consulta con un especialista y, en consecuencia, tienen que adquirirlos por sus propios medios, dejando incluso de pagar sus mercados o sus arriendos.

No podemos caer en su juego por miedo, el país no puede ceder y actuar en contra del interés general. El Congreso no puede someterse y aprobar sus reformas por la amenaza de un nuevo mal llamado estallido social, pues este fue el producto de un acto de terrorismo orquestado y milimétricamente ejecutado para desestabilizar el país y ganar las elecciones de 2022.

No podemos nuevamente ceder ante la violencia, debemos defender nuestras instituciones, es nuestra obligación. Hoy, todos debemos proteger al Congreso como máximo órgano de representación popular. Tenemos el deber de proteger a las Cortes como garantes de nuestros derechos y libertades. No podemos permitir que el Presidente trate a sus contradictores de asesinos, a los medios de comunicación cómo instrumentos del poder, oligarca y opresor y a los empresarios como enemigos de los trabajadores. Entendamos que el país somos todos, no podemos caer en su narrativa de lucha de clases y de división. El bienestar y el desarrollo son producto de la unión entre trabajadores y empleadores, entre el Estado y la sociedad civil, es el fruto de un diálogo entre el Gobierno, el Congreso, los jueces y los ciudadanos. Defendamos a Colombia. No podemos caer en la tiranía.

*Exviceministro de Hacienda