Una persona muerta, dos heridas y 16
viviendas afectadas es el balance preliminar tras un ataque con drones cargados
con explosivos en la vereda El Diamante, zona rural del municipio de Tibú, en
la región del Catatumbo.

La denuncia del presidente de la Junta de
Acción Comunal de esta población dio a conocer las consecuencias de la
violencia sobre los habitantes y sus hogares, en una región donde los
dispositivos utilizados para lanzar explosivos se han convertido en una amenaza
recurrente.

El dirigente comunal describió las afectaciones
y advirtió sobre la presencia de una víctima mortal en el lugar, luego de un
ataque con varios explosivos registrado en las últimas horas.

“Mire cómo están quedando las viviendas de
la vereda; aquí hay un cuerpo después del ataque con drones y hay varias
viviendas que están destruidas; esto es bastante delicado y estamos solos”,
manifestó el líder comunal de El Diamante.

La comunidad civil, la más afectada en
medio de la guerra

En su testimonio, el vocero comunal
insistió en la condición de las viviendas alcanzadas por los ataques y pidió al
Gobierno atención y ayuda ante tan complejo panorama.

“Son viviendas de civiles. Entonces, la
guerra es contra nosotros los civiles y eso no debe ser; nosotros no tenemos
apoyo de Gobierno, deben pellizcarse porque esto es muy terrible”, afirmó
durante su intervención.

Además, indicó que las autoridades deben
conocer las condiciones que enfrenta la población y responder al llamado de quienes,
además de reportar víctimas, deben afrontar las afectaciones en sus viviendas.

Versalles también ha sufrido ataques contra
viviendas

La denuncia de El Diamante se conoce
después de otros episodios recientes en jurisdicción del municipio de Tibú, donde
el pasado 9 de noviembre se registró un ataque con drones cargados con
explosivos en la vereda Versalles, donde varias viviendas resultaron afectadas.

Habitantes de Versalles desplegaron
banderas blancas en sus casas para pedir el cese de las hostilidades y el
respeto por sus vidas. Ese gesto muestra cómo las comunidades han recurrido a
señales visibles para reclamar protección en medio del peligro.

Los antecedentes muestran riesgos para
civiles y militares

El pasado 3 de noviembre, un soldado
resultó herido durante un ataque con drones cargados con explosivos en el
sector de La Llana, también en zona rural de Tibú. El uniformado se encontraba
con tropas que adelantaban labores de registro y control, y fue necesario
disponer de apoyo aéreo para su evacuación hacia la ciudad de Cúcuta.

Minas antipersona y drones con explosivos

La instalación de minas antipersona y el
uso de drones acondicionados con explosivos figuran entre las mayores
preocupaciones de las autoridades por sus efectos sobre la población civil,
especialmente en Tibú, El Tarra y Sardinata. En la zona se han reportado más de
200 ataques en lo corrido del año y más de 100 personas afectadas; según las
cifras expuestas, el 60 % de las víctimas corresponde a integrantes de la
Fuerza Pública.

Ataques con drones en Norte de Santander
durante 2026

Las cifras disponibles dan cuenta de la
expansión de esta modalidad de violencia en Norte de Santander. Según un
informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), citado por Colprensa en
octubre de 2026, entre enero y la fecha de corte del estudio se habían
registrado 42 ataques con drones cargados con explosivos en el departamento.
Los hechos se enmarcan en la confrontación armada que involucra al ELN y al
Frente 33 de las disidencias de las Farc, cuyos enfrentamientos han extendido
el riesgo a diferentes comunidades rurales del Catatumbo.

Por otra parte, la Corporación Red
Departamental de Defensores de Derechos Humanos (CORPOREDDEH) documentó 69
víctimas de ataques con drones en Norte de Santander entre el primero de enero
y el 8 de septiembre de 2026: 13 personas fallecidas y 56 heridas. Del total,
dos personas muertas y 21 heridas eran civiles, mientras que 11 integrantes de
la Fuerza Pública perdieron la vida y otros 35 resultaron lesionados. Estas
cifras reflejan que la utilización de estos dispositivos no solo representa un
riesgo para los uniformados, sino que también mantiene a las comunidades en una
situación de vulnerabilidad permanente.

Un llamado para que el Gobierno atienda la
emergencia

Desde El Diamante, el presidente de la
Junta de Acción Comunal pidió que su denuncia llegue a la opinión pública y
motive una respuesta del Gobierno.

Su llamado resume la preocupación por las
víctimas, las viviendas afectadas y la exposición de los civiles a nuevos
ataques; además, instó a que las instituciones miren lo que sucede en el
territorio y atiendan a una comunidad que está pidiendo ayuda.