La Corte Constitucional por medio de su Secretaría General, notificó a la Alcaldía de Santa Marta, entre otras entidades del resorte distrital y regional, sobre la iniciación del incidente de nulidad contra la Sentencia T-290 de 2024, que obligó la no expedición de licencia de construcción en el sector de los barrios Bellavista y Los Cocos, por problema de rebosamiento de aguas residuales.

La notificación calendada el pasado 9 de abril de 2025, y notificada por Andrea Liliana Romero López, en su calidad de Secretaria General, también es extensiva a Rubén Darío Ceballos Mendoza en su calidad de demandante; Secretaría de Salud Distrital, Planeación Distrital y Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa.

Igualmente, a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito, Essmar, Procuraduría Ambiental de Santa Marta y las Curadurías Urbana 1 y 2.

Ahora el incidente de nulidad que pretende tumbar una sentencia de la misma Corte Constitucional que obligó a la Alcaldía Distrital y demás entidad adoptar medidas para evitar los rebosamientos, tal como se viene registrando en la actualidad, fue presentado por Santiago Martínez Rueda, representante legal suplente de la Sociedad Constructora MMVR S.A.S.

De acuerdo a lo manifestado por Rubén Darío Ceballos Mendoza, quien demandó para que se cumpliera con los principios que tiene todas las personas del disfrute de espacios sanos y saludables, se busca dejar sin efecto la sentencia T 290 de julio 2024, con lo cual se logró además de la erradicación de los rebosamientos, la expedición de licencias para la construcción en ese sector.

En ese entonces, al analizar el caso, la Corte determinó que los habitantes de este barrio no tienen la obligación de soportar los olores nauseabundos ni los riesgos para la salud que representan las aguas residuales desbordadas.

Según la demanda de los residentes, múltiples proyectos inmobiliarios en la zona han sobrecargado las redes de acueducto y alcantarillado, causando el desbordamiento de las aguas negras. Las nuevas construcciones, mucho más grandes que las anteriores, han aumentado la densidad de la población en la zona, exacerbando el problema.

La Corte enfatizó que el Estado debe asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos para garantizar el bienestar general y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En respuesta a la demanda, el tribunal ordenó a la Alcaldía de Santa Marta y a la Superintendencia de Servicios Públicos supervisar y llevar a cabo las obras necesarias para que la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Norte funcione correctamente.

Además, la Corte solicitó a la Secretaría de Salud de Santa Marta organizar brigadas de salud en el sector afectado para evaluar el impacto de los desbordamientos en la salud de los residentes y tratar cualquier enfermedad relacionada.

Asimismo, se ordenó a la Secretaría de Planeación revisar las licencias de construcción y urbanización emitidas desde 2017 en el sector de Los Cocos. La revisión tiene como objetivo identificar y denunciar cualquier irregularidad relacionada con la certificación de disponibilidad de servicios públicos por parte de la empresa de alcantarillado.

La Corte destacó que durante más de cinco años los vecinos han vivido en un entorno insalubre debido al desbordamiento de las aguas residuales. También señaló que es inaceptable que estas aguas se descarguen irresponsablemente en el mar, lo que afecta el ecosistema marino y la salud de quienes entran en contacto con estas aguas contaminadas.