Como resulta de lo estipulado en la Constitución, un fundamento esencial de nuestra organización democrática estriba en el respeto a la dignidad de la persona humana, lo cual implica el compromiso del Estado con la preservación y garantía de los derechos humanos.

El artículo 2 de la Carta Política destaca que una de las finalidades del Estado consiste en asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella. Por tanto, con entera claridad señala que las autoridades de la República han sido instituidas “para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Al tenor del artículo 5 de la Constitución, “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”, al paso que el 93 establece que los tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, “prevalecen en el orden interno”. Dice, además, que los derechos y deberes contemplados en la normatividad superior “se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

Cabe recordar estas normas a propósito de las confesiones de numerosos exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ante familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad conocidos como “falsos positivos” -entre los años 2002 y 2008-. Han estremecido al país. Han dado cuenta de una malévola política estatal fundada en un patrón sistemático cuyo propósito residió en mostrar resultados en la lucha contra la subversión, asesinando a personas inocentes.

Los declarantes han reconocido públicamente tales crímenes y hasta han revelado que, en Antioquia, una casa era utilizada como centro de retención de las víctimas. En ella permanecían secuestradas durante varios días y posteriormente eran ejecutadas, en completo estado de indefensión. Según las confesiones, se trataba de desempleados y habitantes de extrema vulnerabilidad, arbitrariamente privados de su libertad mediante falsas ofertas laborales.

La JEP ha contabilizado seis mil cuatrocientas dos víctimas de tan horrendos crímenes, pero algunos de los declarantes afirman que el número de asesinatos puede ser mayor.

Todo lo que se ha venido conociendo, gracias a la actividad de la JEP, es de características cuya sola enunciación aterra y avergüenza a Colombia. La ciudadanía se pregunta cómo y quiénes pudieron concebir un plan tan macabro, solamente para mostrar resultados militares, engañando al país y en abierta transgresión a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Las declaraciones en referencia han tenido lugar en el curso de las audiencias públicas de reconocimiento de verdad y responsabilidad dentro del Caso 03, que conduce la JEP.

En días recientes, tras aceptar su responsabilidad por escrito, cuarenta antiguos miembros de seis batallones y dos civiles fueron llamados a exponer la verdad y a reconocer -de manera verbal y pública- su responsabilidad en las desapariciones forzadas y en los asesinatos de personas que posteriormente fueron presentadas ilegítimamente como “bajas en combate”.

*Exmagistrado*Profesor universitario