Durante el debate se presentó un choque
entre quienes respaldan el proyecto y los que defienden la labor en el marco
del acuerdo de paz.

En la Comisión Primera del Senado de la
República se inició la discusión de una reforma constitucional con la cual se
pretende que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) culmine sus labores en el
año 2028.

Se trata de una iniciativa que impide la
prórroga automática de dicha jurisdicción por cinco años más, tal y como quedó
previsto en el acto legislativo que le dio vida.

Durante su exposición, el senador Enrique
Gómez, autor de la propuesta, advirtió que la JEP ha servido como fortín
burocrático para la contratación por prestación de servicios, generando una
enorme nómina paralela en los últimos 7 años.

“La nómina paralela de la Justicia para la
Paz pasó del inicio de esta corporación de 134 cargos a 1.218, partiendo de la
base de que todos los comparecientes habían sido amnistiados desde 2016. Cómo
le explicamos a los colombianos que este costo de contratos en 2026 ya suma
62.000 millones”, sostuvo.

Dijo que la correlación entre las OPS y la
planta es del 25%, lo cual sitúa a esta corporación en una situación
ostensiblemente mayor a la que tienen todas las demás corporaciones judiciales.

“Un aumento de 1084 contratistas en menos
de siete años y visto el resultado que se ha venido evidenciando a nivel de
sentencias y resolución de situación jurídica, no tiene en la práctica ninguna
justificación”, dijo.

En contraste, la senadora Carolina Corcho
defendió el funcionamiento de la JEP y dijo que acabar con esta entidad traería
graves consecuencias para las víctimas y para los comparecientes. Pero no solo
eso, también dijo que este proyecto podría ser inconstitucional.

“Yo solicito a esta Comisión actuar de
manera razonable, apegado a la ley y la Constitución. No está autorizada esta
Comisión para hacer una sustitución de la Constitución política y para romper
el blindaje que el máximo tribunal de defensa de Derechos Humanos hizo a los
actos legislativos que van aquí contraviniendo un acuerdo que el Estado
colombiano suscribió a nivel nacional e internacional”, sostuvo.

Corcho advirtió si se elimina la JEP en el
2028, “quedarían 19 condenados de las FARC con sanción propia, pero sin nadie
que verifique las medidas restaurativas; 336 máximos responsables, de los
cuales 245 ya reconocieron los hechos, quedarían sin el instrumento que les permitió
hacer ese reconocimiento; 21 juicios adversariales de máximos responsables que
no han reconocido la verdad y los hechos quedarían en el aire y se quedarían
además 221 terceros civiles y 3.443 comparecientes sin resolución, que fue lo
que los trajo a la JEP, quedarían en el limbo 15,753 víctimas”.

El proyecto será votado en primer debate en
la Comisión Primera del Senado de la República en donde hasta el momento habría
mayorías para que el mismo salga adelante.