La Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de única instancia, negó la demanda de nulidad electoral contra la elección de Elvia Milena Sanjuan Dávila como gobernadora del Cesar para el período 2024-2027.

El tribunal analizó los argumentos de los demandantes, quienes alegaban que la mandataria había incurrido en doble militancia al presuntamente apoyar candidatos a alcaldías y concejos municipales de colectividades distintas a la suya.

Sin embargo, tras evaluar las pruebas, concluyó que no se acreditaron actos concretos que configuraran dicha conducta y, en consecuencia, rechazó la solicitud de anulación.

La demanda, interpuesta por los ciudadanos Luis Fernando Padilla Pérez y David Sierra Daza, argumentaba que Sanjuan Dávila apoyó candidatos en municipios como Valledupar, Chimichagua, Gamarra, San Diego y Aguachica, lo que vulneraría las normas sobre doble militancia.

Según los demandantes, su respaldo benefició a aspirantes de partidos distintos al de su coalición, lo que iría en contra del artículo 107 de la Constitución, que prohíbe a los miembros de un partido apoyar candidatos de otras colectividades, y la Ley 1475 de 2011, que regula la organización y funcionamiento de los partidos políticos en Colombia.

Uno de los principales señalamientos se centró en un evento en Valledupar, donde, según la acusación, la gobernadora electa manifestó públicamente su respaldo a un candidato a la alcaldía de la ciudad.

También se mencionaron reuniones en Chimichagua y Gamarra, en las que habría recibido apoyo de aspirantes de otros partidos, lo que, a juicio de los demandantes, constituía un favorecimiento indebido.

El alto tribunal revisó las pruebas presentadas, incluidas grabaciones de video y documentos que sustentaban la denuncia.

La Sala concluyó que el Partido de la U, colectividad de Sanjuan Dávila, no presentó candidatos propios en las alcaldías de Valledupar, Gamarra y Aguachica, lo que le permitía apoyar libremente a otros aspirantes sin incurrir en doble militancia.

Sobre los señalamientos en Chimichagua y San Diego, el Consejo de Estado determinó que no existían pruebas suficientes que demostraran que la demandada realizó actos concretos de apoyo a candidatos de otras colectividades.

En este sentido, consideró que los registros audiovisuales aportados no tenían el valor probatorio suficiente para sustentar la acusación, pues presentaban ediciones y no permitían verificar con certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Finalmente, el tribunal concluyó que no se configuraron los elementos que acreditaran la falta electoral y, por lo tanto, negó las pretensiones de la demanda. Contra la decisión no procede recurso alguno.

 

BOGOTÁ, (Colprensa).