El caso se originó en una denuncia presentada por varios ciudadanos que cuestionaron presuntas irregularidades en la elección de Gutiérrez Uribe como diputado del departamento. Durante la revisión del expediente, el tribunal identificó que el exfuncionario interpuso repetidamente peticiones innecesarias que entorpecieron el curso normal del proceso.

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El Consejo de Estado dispuso que la sanción deberá ser cancelada en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del fallo. En caso de incumplimiento, se adelantarán los trámites de cobro coactivo correspondientes.

Con esta decisión, el alto tribunal busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad procesal de los servidores y exservidores públicos, recordando que el uso indebido de los recursos judiciales afecta la eficiencia y transparencia de la justicia.