La excónsul Maryory Pabón firmó un contrato
de arrendamiento sin que tuviera los permisos y la asignación presupuestal.

A los cerca de 500 millones de pesos que se
pagó en salarios durante nueve meses a una cónsul sin consulado en Tijuana
(México), se suma otra obligación económica inexplicable. Al Estado colombiano
le ha costado 54.930 dólares el arrendamiento de una oficina que nunca se
utilizó.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio conoció
las condiciones económicas del contrato que firmó la excónsul Maryory Pabón, pese
a que no existía asignación presupuestal para asumir la obligación contractual,
ni se había expedido una resolución que autorizara el negocio de arrendamiento
de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, ubicado en la denominada
zona dorada de Tijuana.

El 30 de septiembre, la Embajada de
Colombia en México recibió un requerimiento formal de pago por ese inmueble. La
cuenta por 21.000 dólares corresponde al primer mes de arrendamiento (abril de
este año) que incluye la comisión inmobiliaria. A partir de entonces, se
pactaron cánones mensuales de 5.655 dólares, más los gastos de administración.

Fuentes consultadas por Caracol Radio
aseguran que, durante el gobierno anterior a la excónsul Maryory Pabón le
comunicaron que le asignarían los recursos para costear el arrendamiento de
esas oficinas. De hecho, en julio este año, la excónsul alcanzó a tramitar la
solicitud presupuestal. Sin embargo, terminó la administración de Gustavo Petro
sin que se concretara la asignación de esos recursos.

Pero hay otro elemento que agrava el
desorden administrativo: el contrato de arrendamiento comprometió las finanzas
del Estado colombiano con pagos mensuales de 5.655 dólares, y según fuentes
enteradas del caso, el contrato nunca llegó a la Cancillería. A la fecha, ese
documento tampoco habría sido remitido al ministerio.

Mientras que el consulado de Colombia en
Tijuana nunca abrió puertas para atender a connacionales, el Estado quedó
comprometido con una obligación económica por una oficina que nunca utilizó.

Dos años de preparativos

La sede consular fue creada el 22 de
noviembre de 2024 mediante el decreto 1405, expedido por el entonces canciller
Luis Gilberto Murillo. Ese decreto dio vía jurídica a los consulados de Tijuana,
Monterrey y Tuxtla Gutiérrez.

Según explicó esta Paola Morales, fundadora
de la Asociación de Colombianos en Baja California, en esa región hay
aproximadamente 3.900 colombianos que requieren atención consular.

Consultado por Caracol Radio sobre las
irregularidades que rodearon la puesta en marcha del consulado en Tijuana, el
exministro Murillo dijo a Caracol Radio que revisaría sus archivos y sostuvo
que la creación de esa sede diplomática estaba precedida de estudios y
disponibilidad presupuestal.

Sin embargo, fuentes de la Cancillería
afirman que no hay trazabilidad de esos estudios.