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Contraloría del Magdalena presenta avances en vigilancia fiscal y participación ciudadana

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Contraloría del Magdalena presenta avances en vigilancia fiscal y participación ciudadana

Contraloría del Magdalena presenta avances en vigilancia fiscal y participación ciudadana
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Redacción Hoy Diario del Magdalena

A través de la estrategia ‘Ruta 100: Cien
años contra la corrupción’, la entidad promueve la participación de las
comunidades en el seguimiento a obras, contratos y proyectos públicos.

El Jefe del órgano de control fiscal
destacó la importancia de formar ciudadanos comprometidos con la transparencia
y el control social, promoviendo la participación de jóvenes y comunidades en
la vigilancia de los recursos públicos.

La vigilancia de los recursos públicos a
través de la participación de las comunidades, la conformación de veedurías y
el seguimiento a las denuncias ciudadanas fueron algunos de los temas centrales
del Encuentro de Balances de los Comités de Control Social 2026, en el que la Contraloría
General del Magdalena presentó los resultados de las acciones adelantadas
durante el año para promover la transparencia y el control fiscal en el
departamento.

Durante el espacio, el contralor general
del Magdalena, Manuel Julián Mazenet Corrales, expuso los avances de la
estrategia ‘Ruta 100: Cien años contra la corrupción’, con la que la entidad
busca ampliar su presencia en los municipios y brindar herramientas a los
ciudadanos para que participen en la vigilancia de la gestión pública.

Como parte de esta iniciativa, se reportó
la conformación de 13 nuevas veedurías ciudadanas en 11 municipios del
departamento. Estos grupos tienen como propósito hacer seguimiento a proyectos,
obras, contratos y demás actuaciones relacionadas con el uso de los recursos
públicos, además de servir como canales para comunicar posibles irregularidades
ante los organismos de control.

A este resultado se suma el trabajo con 29
personerías municipales, mediante un convenio que busca facilitar el
acompañamiento a las comunidades y fortalecer las capacidades locales para el
ejercicio del control social. La cooperación con estas entidades también apunta
a ampliar los espacios de orientación y participación ciudadana en los
territorios.

DENUNCIAS BAJO SEGUIMIENTO

En el componente de vigilancia fiscal, la Contraloría
presentó actuaciones originadas en reportes de ciudadanos sobre posibles
irregularidades en la ejecución de recursos y la prestación de servicios
públicos. Uno de los casos expuestos corresponde al municipio de El Piñón,
donde las alertas relacionadas con contratos de mantenimiento vial motivaron
una Actuación Especial de Fiscalización.

Durante la revisión se identificaron
coincidencias en las intervenciones contratadas, situación que dio lugar a una
incidencia fiscal superior a los 9 millones de pesos. Este procedimiento
permitió examinar las condiciones de ejecución de los trabajos y los aspectos
relacionados con el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de las
vías.

Otro de los asuntos abordados corresponde a
Ariguaní, donde la Contraloría intervino frente a la situación financiera del
servicio de energía del acueducto municipal. La deuda por el suministro
eléctrico representaba un riesgo para la continuidad del bombeo y, por tanto,
para el abastecimiento de agua a la población.

En el análisis institucional se identificó
una deuda reportada por Afinia superior a los 23.000 millones de pesos. Frente
a este panorama, se promovió una revisión desde los componentes técnico,
financiero, presupuestal y operativo, con la participación de la Alcaldía, la
empresa prestadora del servicio y representantes de la comunidad.

La situación fue abordada con el propósito
de examinar las condiciones que afectan el funcionamiento del sistema de
acueducto y las alternativas para atender la problemática, teniendo en cuenta
las responsabilidades de las entidades y actores involucrados.

En Tenerife, por su parte, se encuentra en
curso el seguimiento a una denuncia relacionada con el contrato de concesión
del alumbrado público. La Actuación Especial de Fiscalización contempla la
revisión de los componentes jurídicos, contractuales, presupuestales y
financieros, con el fin de verificar las condiciones del contrato y el manejo
de los recursos asociados a este servicio.

FORMACIÓN EN LOS MUNICIPIOS

Además de las actuaciones derivadas de
denuncias, la Contraloría destacó las actividades de capacitación y
acompañamiento desarrolladas en San Sebastián de Buenavista, Santa Ana y otros
municipios del sur del Magdalena. Estos espacios estuvieron dirigidos a
veedores ciudadanos, integrantes de Juntas de Acción Comunal, organizaciones
sociales y habitantes interesados en conocer los mecanismos para vigilar la
gestión pública.

Las jornadas buscan que las comunidades
identifiquen las herramientas legales y los procedimientos disponibles para
hacer seguimiento a las obras, programas y contratos que se ejecutan en sus
territorios. De esta manera, los ciudadanos pueden tener una participación más
activa en la revisión de los compromisos adquiridos por las entidades y en la
presentación de alertas cuando adviertan posibles anomalías.

La estrategia también contempla el trabajo
con contralores escolares y universitarios, mediante acciones orientadas a
promover entre estudiantes de diferentes niveles educativos el conocimiento de
la función de control fiscal y la importancia de proteger los bienes y recursos
públicos.

Con estos procesos, la entidad busca que la
formación en transparencia y participación no se limite a los espacios
institucionales, sino que llegue a las nuevas generaciones y se incorpore a las
dinámicas de las comunidades educativas.

PLAN INSTITUCIONAL

Las actividades presentadas durante el
encuentro hacen parte de la Línea Estratégica III del Plan Estratégico
Institucional 2026-2029, denominada ‘Participación Ciudadana, Control Social y
Transparencia’, que establece acciones para fortalecer la intervención de la
ciudadanía en la vigilancia de la administración pública.

Esta línea comprende la promoción de
veedurías, la capacitación de organizaciones sociales, el acompañamiento a los
comités de control social y la atención de las denuncias que permiten
identificar situaciones que requieren revisión por parte del organismo de
control.

Con el balance presentado, la Contraloría
General del Magdalena expuso los resultados de su trabajo en los municipios y
las acciones que mantiene en marcha para acercar la vigilancia fiscal a las
comunidades. La entidad busca que los ciudadanos cuenten con mayores
herramientas para hacer seguimiento al uso de los recursos públicos y
participar en la defensa de los intereses colectivos.

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