: La auditorÃa de cumplimiento a la vigencia 2024 también dejó al descubierto pagos irregulares de nómina a docentes con permiso sindical y graves fallas financieras en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)
La ContralorÃa General de la República reveló graves irregularidades fiscales en el departamento del Magdalena que superan los 10.000 millones de pesos, tras una auditorÃa de cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones y al Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondientes a la vigencia 2024.
El hallazgo más alarmante se localiza en el municipio de El Banco, donde la construcción de la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell se encuentra en total estado de abandono y con obras inconclusas. Esta situación ha generado un daño patrimonial estimado en $9.151 millones de pesos, derivado de una infraestructura en deterioro progresivo que no presta el servicio para el cual fue contratada.
Abandono de infraestructura educativa y fallas en la gestión contractual
Según el ente de control, este detrimento obedece a los incumplimientos reiterados del contratista y a las deficiencias en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), sumado a una falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.
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De manera simultánea, la auditorÃa detectó irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a través del Contrato 0792 de 2024, las cuales ascienden a un presunto detrimento de 1.520 millones de pesos. La ContralorÃa determinó que se realizaron pagos por concepto de intereses por parte del operador sin soportes que los justifiquen, utilizando recursos públicos para cubrir obligaciones privadas.
Irregularidades financieras en el PAE y pagos de nómina injustificados
Además, se identificaron movimientos bancarios por $1.000 millones de pesos en la cuenta de la UT PAE Magdalena sin documentación clara, situación que no fue reportada por la interventorÃa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
A estos hallazgos se suma un detrimento adicional de más de $818 millones de pesos por el pago de salarios a nueve docentes de planta con permisos sindicales permanentes que no cumplieron funciones inherentes a su cargo, evidenciando debilidades en el control de la nómina por parte del ente territorial.