La Corte Constitucional tomó una decisión de fondo sobre la
emergencia económica, social y ecológica que decretó el Gobierno nacional el
pasado 19 de agosto, luego del terremoto del 10 de agosto de 2026 y sus posteriores
réplicas.

En una
decisión que fue adoptada por una votación de siete magistrados contra uno, el
alto tribunal declaró exequibles, es decir, ajustados a la Constitución, los
decretos que dieron origen a esta declaratoria de emergencia y que
posteriormente modificaron su ámbito territorial.

Sin
embargo, el aval tiene importantes condicionamientos. La Corte estableció
límites sobre los territorios que pueden recibir los beneficios de la
emergencia, las medidas que puede adoptar el Gobierno y, especialmente, el
destino y la administración de los recursos extraordinarios.

La
emergencia tendrá límites territoriales

Uno de los
primeros puntos que aclara la Corte es que la emergencia no puede extenderse indiscriminadamente
a todos los municipios de los departamentos incluidos en los decretos del
Gobierno.

El alto
tribunal determinó que podrán beneficiarse de esta declaratoria los municipios
que registraron afectaciones por el terremoto del 10 de agosto y sus réplicas,
de acuerdo con el reporte situacional número 054 de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

También
podrán incluirse otros municipios de los departamentos señalados en los
decretos, pero existe una condición: el Gobierno tendrá que demostrar, con
información precisa y soporte técnico de la UNGRD, que efectivamente sufrieron
afectaciones relacionadas con el fenómeno que originó la emergencia.

En otras
palabras, no basta con pertenecer a uno de los departamentos incluidos en la
declaratoria. Debe existir una afectación concreta y demostrable.

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/la fm