La Corte Constitucional enfrenta un resto de 2025 cargado de decisiones clave para el Gobierno, en medio de su mayor renovación en años, con el estudio de demandas contra la reforma pensional, leyes relacionadas con salud, paz, tributación, y otras reformas estructurales como la laboral.

La salida de cuatro magistrados —dos ya reemplazados y dos en cuenta regresiva— ha generado dudas sobre su independencia y perfil ideológico, mientras en sus despachos reposan procesos que definirán el alcance de algunas de las apuestas más ambiciosas del Ejecutivo.

Reforma pensional: epicentro de una batalla jurídica y política

La reforma pensional es, sin duda, el caso más relevante en estudio dentro del alto tribunal. Aprobada en junio de 2024, esta ley estructural busca transformar el sistema pensional colombiano bajo un esquema de pilares.

El objetivo del Gobierno es fortalecer el fondo público Colpensiones y reducir el peso de los fondos privados, creando un sistema mixto en el que todos los trabajadores con ingresos inferiores a tres salarios mínimos deben cotizar obligatoriamente en el régimen público.

Sin embargo, esta norma fue demandada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien argumentó que el trámite legislativo incurrió en vicios de forma que vulneran el principio de consecutividad y el artículo 157 de la Constitución. Según la demanda, se alteró sustancialmente el contenido del proyecto en las últimas etapas del proceso sin que se respetara el debate legislativo correspondiente.

La Corte Constitucional admitió la demanda el 14 de agosto de 2024, señalando que el recurso era “claro, pertinente y suficiente” para suscitar dudas sobre la constitucionalidad de la ley. La ponencia fue asignada al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien elaboró un proyecto que propone declarar inconstitucional la reforma.

El trámite ha estado marcado por una serie de recusaciones. La propia senadora Valencia recusó al magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, por presunto conflicto de interés. La Corte rechazó dicha solicitud por improcedente, al considerar que fue presentada por fuera de los tiempos reglamentarios.

El debate en Sala Plena aún no se ha resuelto, en parte por la reciente llegada del magistrado Miguel Polo Rosero, quien reemplazó a Antonio José Lizarazo el 6 de febrero. Asimismo, el 16 de mayo dejó su cargo Cristina Pardo, quien será reemplazada por el abogado Héctor Carvajal, ternado por el presidente, Gustavo Petro.

Los topes de campaña de Petro

La Corte Constitucional estudia una demanda crucial que podría redefinir los alcances del control electoral en Colombia. Esta demanda cuestiona si el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado deben mantener competencia para investigar la presunta violación de los topes de campaña durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Este proceso tiene el potencial de modificar las reglas del juego en la fiscalización electoral, especialmente en el contexto de un mandatario en ejercicio, y podría sentar precedentes clave para la fiscalización de futuras campañas.

En un primer momento, el CNE inició una investigación sobre el presunto incumplimiento de los topes de campaña por parte de la campaña de Petro. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió pausar temporalmente esa investigación, al aceptar la demanda y revisar la competencia de las autoridades electorales.

Este primer movimiento de la Corte tuvo un gran impacto porque se interpretó como un respaldo inicial a la posición del presidente Petro, al frenar la acción del CNE mientras se determina si ese organismo tiene la competencia exclusiva para resolver este tipo de asuntos o si otras instancias judiciales, como el Consejo de Estado, deben intervenir.

En ese contexto, el alto tribunal no solo evaluará la posible infracción a los topes de campaña, sino también si el CNE, como entidad encargada de la supervisión electoral, tiene la autonomía y los poderes suficientes para investigar casos tan complejos y con implicaciones tan relevantes, especialmente cuando se trata de un presidente en ejercicio.

Otras demandas

La Corte también estudia una demanda que busca declarar un “Estado de Cosas Inconstitucional” en el sistema de salud, a raíz de lo que varios sectores consideran una crisis institucional y funcional.

La iniciativa fue promovida por organizaciones de usuarios y profesionales de la salud, que denuncian fallas estructurales en la prestación del servicio, desfinanciamiento y ausencia de garantías mínimas de atención.

El tribunal analiza si existe una violación sistemática, prolongada y generalizada de derechos fundamentales, lo cual podría obligar al Estado a emprender reformas estructurales bajo la vigilancia de la propia Corte, como ocurrió con el sistema penitenciario y la población desplazada.

Otro de los asuntos en revisión es la constitucionalidad de la Ley de Paz Total, principal marco jurídico del Gobierno para negociar con distintos grupos armados.

La demanda cuestiona la legalidad de los acuerdos parciales firmados con organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas del crimen organizado, así como los instrumentos legales que permiten suspender órdenes de captura y ofrecer beneficios jurídicos a miembros de esos grupos sin un acuerdo final.

La Corte deberá definir si este marco respeta principios como la justicia transicional, los derechos de las víctimas y el cumplimiento de tratados internacionales en materia de conflicto armado.

También se encuentra en estudio una demanda contra el impuesto al patrimonio incluido en la última reforma tributaria. La acción plantea que este tributo viola el principio de equidad y proporcionalidad del sistema tributario, al gravar bienes que ya fueron objeto de otros impuestos, lo cual podría representar una forma de doble tributación.

La Corte deberá evaluar si este impuesto afecta desproporcionadamente a ciertos sectores económicos y si cumple con los criterios de justicia fiscal exigidos por la Constitución.

En el plano cultural, el tribunal analiza la demanda contra la ley que prohíbe las corridas de toros en el país. Asociaciones taurinas argumentan que la medida afecta el derecho al trabajo y la libertad cultural, además de contrariar el principio de autonomía territorial de los municipios donde esta práctica es tradición.

La Corte deberá definir si el Congreso actuó dentro del marco constitucional al prohibir una manifestación cultural que también ha sido foco de debates éticos y sociales durante décadas.

Otro proceso en curso tiene que ver con los planes de “zero rating”, que permiten el acceso a ciertos contenidos sin consumo de datos. La demanda argumenta que esta práctica atenta contra la neutralidad de la red, al favorecer algunos proveedores de contenido en detrimento de otros, afectando la libre competencia y la igualdad de condiciones en el ecosistema digital.

El fallo establecerá parámetros sobre la regulación de internet en Colombia y los derechos digitales de los usuarios.

Aunque la reforma laboral aún no ha sido aprobada por el Congreso, desde ya enfrenta cuestionamientos por posibles vicios de trámite. Gremios empresariales y congresistas argumentan que el proyecto contiene disposiciones que podrían vulnerar el derecho al trabajo, la libertad de empresa y el principio de legalidad.

Se anticipa que, de ser aprobada, el texto será objeto de demandas que la Corte deberá evaluar por su impacto en jornadas laborales, indemnizaciones, y la formalización del trabajo digital.

Los cambios de la Corte

El 2025 ha sido un año de transformación interna para la Corte Constitucional, con la salida programada de cuatro de sus nueve magistrados. Antonio José Lizarazo fue reemplazado en febrero por Miguel Polo Rosero. En mayo salió Cristina Pardo, y su silla será ocupada por Héctor Carvajal, ternado por el presidente Petro.

Se esperan aún las salidas de Diana Fajardo Rivera (6 de junio) y José Fernando Reyes (5 de septiembre). Estos reemplazos corresponden uno al presidente, dos a la Corte Suprema de Justicia y uno al Consejo de Estado.

El proceso ha sido objeto de vigilancia por parte de sectores políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, que han advertido sobre una posible “captura” del tribunal por parte del Ejecutivo, dada la cercanía política de algunos nominados.

Mientras tanto, la Corte deberá pronunciarse sobre asuntos que podrían redefinir la arquitectura social, económica y política del país.

 

(Colprensa).