Según la funcionaria, el problema radica en que múltiples entidades del orden nacional actúan sobre el mismo territorio sin una conducción unificada. “La crisis en el Parque Tayrona no es un problema de paz ni un problema ambiental ni un problema turístico. Es los tres a la vez. Y el Gobierno nacional los está manejando por separado”, afirmó.

Del Toro explicó que mientras el Ministerio de Defensa adelanta acciones contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sostiene conversaciones con esa misma organización, al tiempo que Parques Nacionales mantiene cerrado el parque, el Ministerio de Ambiente instala un Puesto de Mando Unificado Ambiental y el Ministerio de Comercio convoca mesas de diálogo. Esta falta de coordinación, sostuvo, ha profundizado la crisis.

Impacto económico y social en Santa Marta

La funcionaria señaló que el cierre del Parque Tayrona, que ya completa siete días, está generando graves afectaciones económicas en Santa Marta. De acuerdo con cifras de Cotelco Magdalena, el parque moviliza cerca de 330.000 millones de pesos anuales en actividad económica y recibió más de 818.000 visitantes durante 2025.

“El resultado lo paga Santa Marta. Los operadores turísticos no tienen reservas, los guías no tienen trabajo y los hoteles pierden cada día ingresos que sostienen empleos reales”, indicó.

La alta consejera enfatizó que esta situación ocurre mientras continúan las negociaciones de paz en Bogotá, lo que refleja una desconexión entre las decisiones nacionales y la realidad territorial.

Decisiones del Gobierno y contradicciones institucionales

Del Toro recordó que el pasado 17 de febrero Parques Nacionales expidió una resolución ordenando el cierre indefinido del Tayrona, tras advertir pérdida de control territorial, amenazas contra guardaparques y bloqueos en accesos como El Zaino, Calabazo y Neguanje.

Un día después, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó la firma de un acuerdo sociojurídico con las ACSN, comprometiéndolas a proteger a la población civil y no interferir en procesos electorales.

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Sin embargo, el Ministerio de Defensa señaló posteriormente a esa misma organización como responsable de extorsiones, amenazas y otras acciones ilegales que derivaron en el cierre del parque.

A esta situación se sumó el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la creación de una Entidad Territorial Indígena, la instalación de una estación de carabineros en el Tayrona y nuevas medidas de protección territorial.

“La desconexión entre las entidades nacionales genera consecuencias directas sobre la ciudadanía y la estabilidad del territorio”, afirmó Del Toro.

Advertencias previas y alertas institucionales

La consejera aseguró que desde hace meses se habían emitido advertencias sobre las distorsiones en la conducción del proceso sociojurídico de paz en la Sierra Nevada, las cuales reposan en entidades como la Presidencia, los ministerios, la Fiscalía y el Ministerio Público.

También mencionó que recientes hechos confirman las advertencias contenidas en la Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, que alertaba sobre riesgos para la seguridad y el control territorial en la región.

“Santa Marta no puede ser escenario de contradicciones institucionales que afectan la seguridad y el bienestar de su población”, puntualizó.

Mesa de diálogo y exigencias del Distrito

Del Toro anunció que el Distrito facilitará el próximo 27 de febrero una mesa de diálogo entre comunidades indígenas y entidades del Estado, con el fin de avanzar en soluciones estructurales y definir las condiciones para la reapertura del parque.

Entre las principales solicitudes al Gobierno Nacional, la Alta Consejería planteó:

•Fortalecer los mecanismos de verificación del acuerdo con las ACSN.

•Garantizar la reapertura del Tayrona con presencia efectiva de la Fuerza Pública.

•Integrar la Alerta Temprana de la Defensoría al proceso sociojurídico.

•Crear comisiones de trabajo para abordar temas como protección de menores, extorsión y economías criminales.

•Cumplir las inversiones sociales prometidas a comunidades campesinas.

Llamado a coherencia institucional y protección del territorio

La alta consejera reiteró que la paz en la Sierra Nevada requiere coherencia institucional y coordinación entre las entidades del Estado para evitar que las contradicciones debiliten los procesos en marcha.

Finalmente, indicó que el Distrito, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Pinedo Cuello, mantiene su disposición de trabajar con el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad y la protección de las comunidades.

“La paz tiene valor únicamente si sus mecanismos sobreviven los cambios políticos y generan resultados reales en el territorio”, concluyó.