La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha solicitado este viernes a la Corte Suprema de Justicia del país que se le retire la pulsera electrónica que lleva en el tobillo para controlar el cumplimiento de arresto domiciliario y que se reduzcan las restricciones de visitas durante su encierro, una medida de internamiento dictada en su contra por el conocido como caso Vialidad.

Así lo ha planteado la defensa de Fernández en un recurso extraordinario presentado ante Cámara de Casación por un fallo del pasado 12 de julio en el ratificaba las pautas de reclusión impuestas por la Justicia argentina a la exmandataria, que cumple arresto domiciliario en su piso de San José 1111, en Constitución.

En lo que a la tobillera electrónica respecta, el juez Diego Barroetaveña ha defendido que se trata del mecanismo más eficaz de control en casos de detención domiciliaria puesto que no solo «permite una modalidad de cumplimiento cualitativamente mejor» que la prisión carcelaria», sino que además evita la «mortificación o estigmatización» de los reclusos, según declaraciones recogidas por el diario argentino ‘La Nación’.

Por otro lado, Barroetaveña ha señalado que la solicitud de la defensa Cristina Fernández en relación al régimen de visitas es por el momento «conjetural» ya que no se ha rechazado hasta la fecha visita alguna.

En esta línea, el magistrado ha recordado que incluso se le permitió recibir la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, y ha insistido en que la restricción de visitas –autorización previa para personas no alistadas como familiares o allegados– no es más que una «mínima restricción» y una medida de «precaución» para la seguridad de la expresidenta, cuyo objetivo es «velar por el cumplimiento efectivo de la condena sin desnaturalizarla».

Siempre que sean «pertinentes y estén vinculadas a las condiciones de la condenada», no existen limitaciones para que un juez dictamine normas de conducta, ha concluido Barroetaveña.

También en contra de la demanda de la defensa de Fernández se ha manifestado el juez Mariano Borinsky, quien ha explicado que «el juez de ejecución tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado» y ha puntualizado que de momento no hay motivos para el cambio de domicilio –también solicitado–, lo que no quita que en el futuro pueda considerarse, informa el mismo medio.

Por último, el magistrado Gustavo Hornos ha desestimado los argumentos presentados por la acusada, avalando tanto la implementación de la tobillera electrónica de control como la exigencia de contar con permiso judicial para recibir visitas no incluidas en la lista previamente aprobada: «El proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado», ha argumentado.

Un tribunal de Buenos Aires concedió a mediados de este pasado junio el arresto domiciliario a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de la postura de los fiscales, que habían pedido que cumpliera la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad en la cárcel.

Para solicitar el arresto domiciliario, la defensa de Kirchner se apoyó en la edad de la expresidenta (72 años) y en que es «obligación» del Estado «velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo». También recordaron que sufrió un intento de magnicidio.

Kirchner ha sido condenada por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.

MADRID, (Europa Press) – COLPRENSA