Las disposiciones fueron formalizadas mediante el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026, expedido en desarrollo del estado de emergencia declarado previamente por el Ejecutivo para enfrentar los efectos del fenómeno climático que provocó inundaciones, desbordamientos y daños en infraestructura básica en distintos territorios del Caribe colombiano.

De acuerdo con el Gobierno, la magnitud de los eventos hidrometeorológicos superó los escenarios climáticos previstos y desbordó la capacidad de respuesta de los mecanismos ordinarios del Estado, por lo que se hizo necesario adoptar medidas excepcionales para garantizar recursos y agilizar la atención a las comunidades damnificadas.

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En ese contexto, las autoridades nacionales buscan fortalecer la asistencia social, activar mecanismos de crédito y acelerar la reconstrucción de infraestructura afectada en los departamentos impactados por el fenómeno, entre ellos Magdalena.

Recursos, tributos y alivios para atender la crisis

Entre las medidas adoptadas se encuentra la creación de instrumentos tributarios temporales orientados a financiar la atención de la emergencia. El Gobierno estima que estas disposiciones permitirán recaudar cerca de $8 billones de pesos, recursos que serán destinados a programas de recuperación social, reconstrucción de vías, viviendas y servicios públicos en las zonas afectadas.

Uno de los principales mecanismos es un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas con grandes capitales, que busca fortalecer el recaudo fiscal en medio de la crisis climática. Asimismo, se establecieron ajustes normativos para garantizar la aplicación equitativa del tributo a diferentes tipos de empresas que operan en el país.