La iniciativa, encabezada por la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, logró impactar a más de 150 personas, facilitando el acceso a servicios básicos y la resolución de conflictos administrativos sin necesidad de grandes desplazamientos.

La jornada se consolidó como un puente entre la administración pública y los habitantes, contando con el respaldo de entidades nacionales y diferentes entidades promotoras de salud (Eps), quienes atendieron de manera directa las necesidades de la población.

 Gestión directa en servicios de salud

El eje central de la actividad fue la atención a las barreras en el sistema de salud. Durante la brigada, los asistentes pudieron realizar trámites esenciales como la actualización de datos, procesos de afiliación y la verificación de su estado actual en las bases de datos de sus respectivas Eps.

Asimismo, se habilitaron espacios específicos para la gestión de autorizaciones médicas y la resolución de dudas sobre la prestación de servicios, permitiendo que muchos usuarios salieran con indicaciones claras para sus tratamientos.

Asesoría personalizada y seguimiento

Además de la recepción de documentos, los funcionarios presentes brindaron orientación técnica sobre el marco legal que protege a los ciudadanos. Se asignaron números de radicado para casos prioritarios, garantizando que las solicitudes no se queden solo en el papel, sino que cuenten con un seguimiento formal ante las autoridades competentes.

Este acompañamiento directo busca reducir las brechas de información y empoderar a los usuarios sobre los procedimientos necesarios para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

 Impacto en zonas rurales y urbanas

La convocatoria atrajo tanto a residentes del casco urbano como a habitantes de las zonas rurales de Zapayán. Entre las inquietudes más recurrentes destacaron la demora en la asignación de citas especialistas, las dificultades en la entrega de medicamentos y los trámites para el cambio de régimen.

Con esta intervención, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de llevar la institucionalidad a los territorios más alejados, asegurando que la distancia geográfica no sea un impedimento para el ejercicio de la ciudadanía.