El hallazgo fiscal No. 57 estableció que la empresa cerró el año con un déficit multimillonario ocasionado por la reducción tarifaria del 46,3 % aprobada el 18 de abril de 2019, decisión tomada sin la presentación de estudios técnicos que la sustentaran. Según el análisis financiero incluido en el expediente, la medida golpeó los ingresos operacionales de la ESSMAR y la dejó en una insostenibilidad financiera progresiva, incapaz de cubrir sus costos y gastos corrientes.

La Contraloría calificó la actuación como una “gestión ineficiente y antieconómica” que terminó generando un daño grave al erario, al incrementar los pasivos y llevar el resultado presupuestal a un déficit acumulado superior a los $28 mil millones.

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El fallo compromete fiscalmente a varios exfuncionarios del Distrito y de la ESSMAR:

Ingrid Johana Aguirre Juvinao, gerente para la época de los hechos y hoy representante a la Cámara por el Magdalena.
Carlos Enrique Páez Cantillo, entonces secretario general de la ESSMAR.
Andrés Rugeles Pineda, exalcalde (e) de Santa Marta.
Francisco García Rentería, exsecretario de Planeación.
Jorge Luis Agudelo Apreza, exsecretario de Hacienda.
David Orlando de Marchena González, exgerente de Infraestructura.
La Equidad Seguros fue vinculada como tercero civilmente responsable, respaldada por las pólizas AA013805 y AA014460, vigentes en 2019 y 2020.

El expediente incluye versiones libres, documentos técnicos, requerimientos y antecedentes administrativos que superan las 700 páginas, donde los exfuncionarios intentaron desvirtuar los señalamientos. No obstante, para el órgano de control, los descargos no fueron suficientes para contradecir las conclusiones de la auditoría.

Con el auto, la Contraloría avanza hacia la etapa de cobro coactivo en caso de no presentarse recursos o de ser ratificada la decisión en segunda instancia.