La Contraloría General de la República reiteró su advertencia sobre el grave deterioro del flujo de recursos del sistema de salud y amplió el llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para frenar la asfixia financiera de la red pública hospitalaria.

Entre enero y septiembre de 2025, la deuda de los hospitales públicos pasó de 12,5 billones a 16,28 billones de pesos, es decir,(aumentó cerca de 4 billones de pesos) un incremento del 30% en solo nueve meses. Esto ocurrió pese a que el giro directo del sistema aumentó 27,2%, lo que evidencia que los recursos no están llegando de manera oportuna a los prestadores públicos, así lo indico la contraloría.

Además, las cifras muestran un deterioro en la oportunidad de pago. En 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron $15,7 billones. En 2025, se facturaron $16,3 billones, pero solo se pagaron $12,6 billones, reduciendo el pago efectivo al 77%.

El informe advierte una alta concentración de recursos en prestadores privados. En la red de servicios, el 80% del flujo va al sector privado y solo el 20% a la red pública. Mientras que, en 2025 los hospitales públicos accedieron apenas al 23,2%.

Esta brecha afecta a todos los niveles de atención. Los hospitales de mediana complejidad registraron la mayor caída en pagos oportunos, seguidos por los de alta complejidad, lo que compromete la operación de servicios especializados y de alto costo.

IMPACTO DIRECTO EN REGIONES

La Contraloría advirtió que la asfixia financiera de la red pública golpea directamente la atención en más de 600 municipios, donde estos hospitales son la principal o única opción de acceso a servicios de salud. Los retrasos en los giros afectan la continuidad del servicio, la calidad de la atención y elevan el riesgo de daño al patrimonio público.

Por ello, el ente de control solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas y estructurales que garanticen un flujo oportuno y equitativo de recursos y eviten un deterioro mayor del sistema.

SUPERSALUD LE RESPONDE

La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció frente al comunicado emitido por la Contraloría General de la República en el que reiteró una advertencia sobre la crisis en el flujo de recursos del sistema de salud y amplió su llamado a esta entidad y al propio Ministerio de Salud.

La Supersalud señaló que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control dentro del marco de sus competencias legales.

De acuerdo con la entidad, una vez se conozca de manera oficial el documento de advertencia emitido por la Contraloría, este será tenido en cuenta para dar continuidad a las acciones que le corresponden como autoridad de supervisión del sistema.

En su comunicación, la superintendencia reiteró que no tiene funciones de gerencia ni de administración sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas, aclaración que ha sido expuesta en pronunciamientos anteriores. En ese sentido, señaló que su rol se limita a ejercer control y supervisión, incluso en un contexto de crisis estructural del sistema de salud, situación que, según indicó, ha sido advertida previamente a la opinión pública.

La entidad también manifestó que comparte la preocupación expresada por la Contraloría General de la República frente a la situación financiera del Sistema de Seguridad Social en Salud. En ese marco, aseguró que ejercerá las acciones a que haya lugar dentro de sus competencias y que actuará con transparencia frente a los hallazgos formulados tanto por la Contraloría como por otros organismos de control.

La respuesta de la Superintendencia de Salud se produjo luego de que la Contraloría General de la República reiterara una advertencia inicialmente formulada en 2023, relacionada con el deterioro progresivo del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país. Según el órgano de control, esta situación compromete la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud y afecta la garantía del derecho fundamental a la salud.

Tras analizar las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado, la Contraloría señaló que los riesgos identificados hace dos años no solo se mantienen, sino que se han agravado. Entre los factores mencionados se encuentran el incremento de la cartera hospitalaria, el deterioro del flujo efectivo de pagos y la profundización de la crisis financiera de los hospitales públicos, con efectos directos sobre la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.

El ente de control indicó que persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluidas aquellas que se encuentran intervenidas, frente a servicios financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

En su análisis, la Contraloría señaló que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir el riesgo de pérdida de recursos públicos advertido previamente.

Ante este panorama, la Contraloría decidió ampliar su llamado al Ministerio de Salud, al considerar que la problemática compromete de manera directa al rector del sistema, responsable del diseño, la regulación y la supervisión de los mecanismos de financiación y del flujo de recursos.

De acuerdo con información suministrada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Acesi), la cartera de las seis EPS con mayor nivel de deuda aumentó cerca del 42% entre 2024 y 2025, al pasar de $4,5 billones a $6,4 billones. Este crecimiento, según el ente de control, ha afectado la liquidez y la capacidad operativa de los hospitales públicos.

La Contraloría también reportó que en 2024 los hospitales públicos facturaron $18,8 billones, pero solo recibieron pagos por $15,7 billones, lo que representó un 84% de recaudo. Entre enero y septiembre de 2025, la facturación ascendió a $16,3 billones, mientras que los pagos alcanzaron únicamente $12,6 billones, equivalente al 77%. La reducción en la oportunidad de pago se presentó en todos los niveles de complejidad de la red hospitalaria pública.

En este contexto, el órgano de control instó a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas y coordinadas que garanticen el flujo oportuno de recursos hacia los hospitales públicos.