La defensora del pueblo Iris Marín Ortiz ha
manifestado que ´hemos estado de acuerdo con el enfoque general de la ley de
sometimiento. Tiene algo interesante y es que habla de la seguridad física
mediante el despliegue de la fuerza pública, necesario porque son ejércitos
armados que hacen daño fuerte a la población civil, pero también del
fortalecimiento de la justicia penal y de la Fiscalía y de las intervenciones
territoriales integrales. Es una mirada que tiende a ser integral´.

 Por
CAMILO
GARCÍA

La  defensora del Pueblo, Iris Marín,
hizo un balance de lo que ha significado para el país el acuerdo con las FARC.
Dice que la razón de que no se haya podido superar la violencia tiene que ver
con que no se enfrentaron los factores que la provocan, en especial las
economías ilícitas.

La doctora Marín habla también sobre las
preocupaciones que generan los recortes presupuestales para la implementación
del acuerdo y advierte sobre los peligros de que no se siga avanzando en ella.

Finalmente, crítica la espectacularidad que
este gobierno le ha dado a las operaciones policiales y militares.

Las FARC dejaron las armas, pero hoy hay
disidencias en 372 municipios y otros grupos ilegales fortalecidos. ¿Qué falló?

La falla histórica de Colombia ha sido el
desarrollo territorial y rural, y una política integral de seguridad; eso
quiere decir desarrollo territorial, seguridad física para la gente y acceso a
la justicia. Además de que no se han establecido las condiciones para evitar la
persistencia del conflicto armado, no solo con las FARC, sino en muchos
procesos. (El Clan del Golfo es el grupo armado más grande actualmente).

De otra parte, las disidencias que hay hoy
en día quieren que se diga que ellos tienen el mismo espíritu político, que son
un problema de la desmovilización y no. La guerra con las FARC se acabó.
Quedaron unos reductos que se mantienen sobre todo por las economías ilícitas,
el narcotráfico y la minería ilegal. Hoy ni siquiera tienen mando unificado y
tienen tendencia no solo a expandirse, sino sobre todo a fraccionarse porque no
tienen un ideal común.

¿Qué decir entonces ante quienes le echan
la culpa directamente al Acuerdo de Paz de la violencia de hoy en día?

Que es contraevidente; ni siquiera
simplista. Si miramos las cifras de violencia, desplazamientos, confinamientos,
atentados y ataques contra la fuerza pública, 2017 fue un año de reducción
sustantiva de la violencia relacionada con el conflicto, y eso se mantuvo en
2018 y 2019. Desde 2020 empieza a crecer de nuevo. En el Cauca dicen que nunca
ha habido paz, y no es cierto.

No quiero sacar el Acuerdo de la discusión,
pero sí encuadrarlo en un marco más general. La pregunta de por qué se
rearmaron los que están en las disidencias es igualmente válida para el rearme
de quienes se desmovilizaron entre 2005 y 2007 en los grupos paramilitares.

¿Entonces es correcta la visión del
Gobierno sobre la ley de sometimiento?

Hemos estado de acuerdo con el enfoque
general de la ley de sometimiento. Tiene algo interesante y es que habla de la
seguridad física mediante el despliegue de la fuerza pública, necesario porque
son ejércitos armados que hacen daño fuerte a la población civil, pero también
del fortalecimiento de la justicia penal y de la Fiscalía y de las
intervenciones territoriales integrales. Es una mirada que tiende a ser
integral.

El sometimiento no necesariamente negocia
el fin de la violencia, pero abre una posibilidad de diálogo con acceso a
rebajas de pena. La Defensoría no está para decir si se deben hacer
negociaciones políticas o no. Valoramos que quede abierta la posibilidad de
desmovilizaciones y desarmes individuales y colectivos que, con apoyo de la
justicia, conduzcan al desmantelamiento. Nuestro mínimo es que haya justicia.

Este es un Gobierno con una visión de
seguridad distinta a la del anterior. Más que una sea más válida que la otra,
lo importante es que sea eficiente y tenga límites en derechos humanos. Ellos
eligieron la vía de la fuerza, pero dejaron abierta la posibilidad de desarmes
acordados mediante el sometimiento.

¿Está bien entonces dejar de lado los
diálogos de paz?

Los diálogos de paz no son de por sí buenos
o malos. La Constitución es de paz y prefiere que el uso de la fuerza no sea la
forma de resolver los conflictos, que es la vía más humana. Pero no quisiera
caer en el falso dilema entre paz y seguridad. Mientras se avanza en diálogos,
se debe garantizar la justicia y mantener disponible la fuerza pública, que
tiene el deber constitucional de proteger a la población.

El modelo de Paz Total reconocía un
carácter político al menos a ciertos grupos, lo que hoy desaparece. El nuevo
modelo plantea una negociación en el marco de la justicia penal: rebajas de
pena y entrega de información para desmantelar estructuras. Ambas son válidas. El
presidente, sea quien sea, decide el orden público dentro de un menú de opciones,
y en un gobierno con una ideología primarán unas sobre otras. Lo importante es
superar el falso dilema entre paz y seguridad.

Según su informe, 521 excombatientes de las
FARC han sido asesinados. ¿Les falló el Estado?

Infortunada y tristemente, sí. Por eso es
tan importante no olvidar a los 11.000 que siguen en el proceso de
reincorporación. Les fallamos en garantías de seguridad y en garantías de
reincorporación, y esperemos no fallarles en seguridad jurídica. A los
firmantes los matan porque los grupos armados los presionan para volver a las
armas, porque los ven como informantes o porque los siguen viendo como FARC. Se
necesita un marco de protección. También importa para futuros procesos y
sometimientos, que se podrían activar con el nuevo Gobierno. Si el Estado se
consolida como uno que no cumple con quienes firman para dejar las armas, ¿cómo
vamos a convencer a 27.000 personas que siguen en armas? Esa cifra es
discutible. Tampoco es factible pensar que la fuerza pública los va a reducir a
todos. Por eso hay que mantener ambas vías.

¿Qué retroceso podría generar el cierre de
la Unidad de Implementación?

El presidente tiene la facultad de
reorganizar la Presidencia. Los tres gobiernos que han tenido la obligación de
cumplir el acuerdo han tenido modelos administrativos distintos: Santos tuvo el
posconflicto, Duque la Consejería para la Estabilización y Petro la Unidad de
Implementación. Eso es válido, para eso son los gobiernos. La preocupación no
es que se quite una institución, sino que se la quite sin establecer un
mecanismo que permita cumplir la obligación constitucional de cumplir el
Acuerdo de Paz.

¿Y con el recorte de la JEP?

Como toda institución, tiene la obligación
de rendir cuentas, y hay temas de debate sobre sus resultados. Pero no se está
dando el debate de fondo. Por eso mi invitación es discutir los resultados de
la JEP teniendo en cuenta la complejidad de la justicia transicional, centrados
en los derechos de las víctimas, y ver qué reformas se necesitan para mejorar
el resultado para el país, las víctimas y la reconciliación.

Lo que veo en el Congreso son proyectos de
reforma constitucional que no abordan estas discusiones. Si dicen que en año y
medio todos los casos pasen a la Fiscalía, ¿eso resuelve el problema? ¿Cuál es
el estudio? ¿Dónde están los fiscales y los jueces para los macrocasos, o se
traslada solo para acabar con una burocracia que nos parece excesiva? No
debemos defender la JEP por la JEP, por la burocracia o por la cantidad de
magistrados. Ese debate se pierde en medio de una politización del Acuerdo de
Paz de la que el país no logra salir y que solo hace daño a las víctimas.

¿Qué riesgos para los derechos humanos
tiene la actitud del presidente de confrontar delincuentes y mediatizar
operaciones militares?

Es algo impopular, pero es una regla básica
del Estado de derecho: los derechos humanos son de todas las personas, y los
criminales los tienen. Eso no quiere decir que no se los pueda meter a la
cárcel; se los puede procesar, juzgar y sancionar con debido proceso y abogado.
Tampoco que no se los pueda combatir militarmente. Se los puede y se los debe
combatir para proteger a la población civil, pero el derecho internacional
humanitario establece que hasta la guerra tiene límites. Lo que pedimos es que
todos los procesamientos y el despliegue militar respeten la prevalencia de la
vida.

Cuando muere una persona, así sea el peor
criminal y así muera en combate, algo de humanidad debe quedarnos para saber
que eso no es bueno, que eso nos tocó quizás, pero no alegrarnos. Ahí la figura
del presidente termina pareciéndose a la de tantos criminales que se
vanaglorian de la crueldad que tienen. El presidente es mucho más que un
combatiente, y lo digo con respeto por los miembros de la fuerza pública que sí
les toca ir a la guerra de verdad. Es mucho más que sencillamente alguien que
hace un show y muestra una guerra. Es el jefe de Estado, nos representa a todos
y fue elegido democráticamente. Su autoridad civil consiste en estar por encima
del poder de las armas, no en ser una persona armada. Ese es el principio de
prevalencia del poder civil sobre el militar, y desde los principios del Estado
de derecho toda esta simbología es muy problemática./Colprensa