Con el
propósito de escuchar a los sectores productivos y a la ciudadanía, y recoger
propuestas para fortalecer el Proyecto de Ley de Competitividad, conocido
también como Ley Antitrámites, el Gobierno inició una serie de audiencias
públicas territoriales.

La iniciativa busca simplificar, racionalizar y optimizar los trámites
que deben realizar ciudadanos, emprendedores y empresas. Con ello, el Ejecutivo
pretende reducir tiempos y costos, facilitar la inversión y generar mejores
condiciones para el desarrollo de las actividades productivas.

Las dos primeras jornadas se
realizaron el jueves en Cali y el viernes en Bogotá, con la participación de
representantes de gremios, empresarios, organizaciones sectoriales y
ciudadanos.

El proceso continuará en Yopal, Barranquilla, Tunja, Neiva y Medellín, y
concluirá con una audiencia nacional virtual para ampliar la participación de los
distintos sectores y regiones del país.

El Proyecto de Ley de Competitividad contempla cinco líneas de acción: eliminar
requisitos duplicados, digitalizar procedimientos, conectar los sistemas de
información de las entidades públicas, coordinar trámites que puedan
adelantarse de manera simultánea y aplicar controles proporcionales al nivel de
riesgo.

Entre las medidas propuestas se encuentran el fortalecimiento de la Ventanilla
Única Empresarial y la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la modernización
de los procedimientos notariales y registrales, la reducción de cargas
administrativas para las micro, pequeñas y medianas empresas y la
simplificación de trámites relacionados con inversión, construcción y comercio
exterior.

Los encuentros regionales también buscan evitar que los ciudadanos y las
empresas tengan que presentar varias veces documentos que ya reposan en poder
de las entidades públicas. Además, se pretende facilitar el acceso a
procedimientos más ágiles y ofrecer mayor claridad sobre el estado de las
solicitudes.

El Gobierno aclaró que la simplificación de trámites no implicará eliminar los
controles técnicos, sanitarios, ambientales y de seguridad que correspondan en
cada caso.

Los aportes recogidos durante las audiencias serán revisados por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con el Congreso y las
entidades competentes. El objetivo será identificar oportunidades de mejora al
articulado antes de que continúe su discusión en las plenarias.

El Ministerio de Comercio señaló que «hace parte de la apuesta del
Gobierno de impulso de la productividad, la formalización empresarial y la
inversión, mediante la eliminación de barreras innecesarias y una relación más
ágil y eficiente entre el Estado y el sector productivo».

 /colprensa