La diputada de la Asamblea Departamental del Magdalena denunció las adiciones presupuestales a los contratos ejecutados por el gobierno de Rafael Martínez en Santa Marta.
Continúan las tensiones entre el gobierno de Rafael Martínez y la Asamblea del Magdalena.
Nuevamente los diputados han denunciado públicamente la posición de la administración departamental de no girar recursos para el funcionamiento de la Duma, debido a la no aprobación del ya conocido proyecto de superávit, por los que el gobierno de Rafael Martínez busca acceder a más de $427 mil millones que no ejecutó en 2024.
En medio de esta confrontación, Martínez ha culpado públicamente y en reiteradas ocasiones a la corporación de control político, de un presunto bloqueo que, según él, es lo que le impide hacer obras para el departamento.
Contrario a esto, y a través de pruebas documentales, esta vez fue la diputada ‘Rosita’ Jiménez quien expuso que las obras se encuentran frenadas desde hace mucho tiempo, en medio de la falta de gestión, así como de los incumplimientos y del desorden administrativo del actual gobierno departamental.
La Diputada se expresó
A través de sus redes sociales, la diputada registró la visita que se realizó a uno de los sectores que debían ser beneficiados con el popular programa ‘Mi Calle’, el mismo por el cual el gobierno de Martínez ha estado realizando conciertos masivos con artistas vallenatos, y que al igual que otros proyectos de la administración, presentan graves retrasos.
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En Santa Marta
Cabe destacar que solamente en la ciudad de Santa Marta, hay cinco contratos que en total suman poco más de $15 mil millones, y que, a pesar de haber sido iniciados desde el año 2023 con un tiempo de ejecución que según Martínez no excedería los cuatro meses, a la fecha aún no van ni por la mitad.
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Con ‘documento en mano’
La diputada expresó que, “el programa ‘Mi Calle’ representa una frustración para muchas familias por el retraso de las obras por la mala planeación y ejecución. Miren este contrato, el 17 de septiembre de 2023 se firmó el acta del contrato, pero inició el 11 de diciembre de 2024. 18 meses después sigue sin terminarse, y de hecho estuvo suspendido por 5 meses y se reactivó apenas el 21 de mayo de 2024”.
Del mismo modo, Jiménez expuso la documentación de otro contrato, que, bajo las mismas condiciones, fue firmado el 1 de septiembre de 2023, suspendido el 28 de diciembre de ese mismo año, y reactivado hasta el 12 de marzo; Al día de hoy, registra una ejecución solo del 28%.
Lo más grave de todo, es que, pese a los millonarios montos y a los notables retrasos, en la mayoría de estos contratos, se ordenaron adiciones presupuestales que alcanzaron los $2.850 millones.
“Los contratos se firmaron en plena época electoral, pero las obras empezaron mucho después. Hay cinco contratos por más de 15 mil millones de pesos, que debían ejecutarse en poco menos de 4 meses y llevan más de 18 meses de retraso.
El retraso de las obras no es responsabilidad de la Asamblea sino de Rafael Martínez y su gobierno” puntualizó la diputada, y le pidió al gobernador saliente que asumiera la responsabilidad.