En la estructura institucional de una democracia, las Cortes representan mucho más que órganos de interpretación jurídica: son el último bastión de equilibrio frente a los excesos del poder político. En Colombia, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado tienen la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales; controlar la legalidad de los actos de los ciudadanos y resolver sus conflictos; y controlar los excesos de los actos del Ejecutivo preservando la independencia judicial. En un contexto marcado por la polarización, la desconfianza y las tensiones entre poderes, su papel se vuelve decisivo. Las Cortes no solo interpretan la Constitución y la ley, sino que también deben actuar como contrapeso en los abusos del Ejecutivo y el Legislativo. Su independencia, transparencia y capacidad técnica son pilares para la legitimidad del sistema judicial.

La Corte Constitucional en este gobierno ha frenado artículos del Plan Nacional de Desarrollo sobre extinción de dominio y valorización, negó la postergación de devoluciones tributarias, imponiendo disciplina fiscal y, devolvió la reforma pensional por vicios de trámite. Por otra parte, aceptó la declaración de conmoción interior en el Catatumbo e incorporó tratados de derechos humanos al orden jurídico. Se han dado fricciones con el gobierno en reformas judiciales y sociales, y entre sus fallos más polémicos estuvo eliminar la ‘tasa cero’ de intereses del Icetex, considerada una medida regresiva para estudiantes. Aunque algunas decisiones respaldaron al Ejecutivo, el presidente ha cuestionado muchas de sus decisiones tildándolas de bloqueos institucionales, lo que ha tensionado la convivencia democrática.

La Corte Suprema es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, encargada de resolver conflictos en asuntos penales, civiles y laborales. En los últimos tres años ha avanzado en investigaciones por corrupción contra congresistas y defendido su autonomía frente a presiones políticas. Ha protegido la autonomía judicial y mantenido su independencia. Sin embargo, arrastra críticas por la lentitud en resolver casos de alto impacto y por supuestas influencias en la elección de magistrados. La demora en elegir fiscal y el asedio que sufrió el tribunal desembocaron en una crisis institucional que puso en riesgo la seguridad de sus miembros. El Ejecutivo, por su parte, ha denunciado politización y accionar en su contra, mientras los entes judiciales atribuyen a Petro un intento de control, generando enfrentamientos.

El Consejo de Estado, dentro de su papel como tribunal de lo contencioso administrativo sigue siendo clave en la revisión de actos del Ejecutivo y decisiones administrativas. Con menos visibilidad y capacidad de incidencia política que las otras Cortes, ha emitido fallos que limitan el uso excesivo de decretos por parte del Ejecutivo, reafirmando el principio de legalidad. En varios casos anuló nombramientos irregulares, fortaleciendo el orden institucional y ha limitado decretos de control estatal sobre tarifas de energía, manteniendo la legalidad administrativa. Sin embargo, ha sido criticado por la lentitud en decisiones clave sobre decretos que implementan reformas. Petro lo ha señalado como un obstáculo para sus proyectos, lo que también ha tensado su independencia.

El reto común es mantener la autonomía en un ambiente cargado de polarización y presiones. Aunque han logrado proteger derechos y contener abusos, las Cortes muestran debilidades como lentitud, politización y en algunos casos falta de transparencia. Urgen reformas que fortalezcan la eficiencia y aseguren una selección meritocrática de magistrados. Pero también es necesario un diálogo institucional que no ponga en riesgo la autonomía judicial.

Una democracia puede resistir a un Ejecutivo errático o a un Congreso fragmentado, pero no sobrevive sin jueces independientes. Pese a sus fisuras, las Cortes son esenciales para evitar la concentración del poder y el uso arbitrario de la ley. En tiempos de crisis deben ser límite y garantía, guardianes del equilibrio y no actores del conflicto. Porque sin justicia, la democracia no es democracia: apenas una fachada vulnerable al autoritarismo.

*ExCanciller de Colombia