Con apoyo de tres dependencias, la Procuraduría revisará la legalidad del ferry, licencias ambientales, gestión del riesgo y posible negligencia de funcionarios locales frente a amenazas por erosión fluvial.

Ante la preocupación generada por la presunta operación irregular de un ferry en el municipio de Salamina, Magdalena, la Procuraduría General de la Nación solicitó oficialmente a la Alcaldía un informe detallado sobre las acciones implementadas para mitigar los riesgos asociados a esta situación, así como sobre la grave erosión fluvial que amenaza la zona y pone en riesgo infraestructuras y ecosistemas locales.

Este llamado se hizo efectivo mediante un escrito entregado durante una reunión en la Gobernación del Magdalena, donde autoridades regionales y funcionarios de control expresaron su inquietud por el funcionamiento del ferry sin los permisos legales vigentes expedidos por el Ministerio de Transporte y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Cormagdalena). Según las observaciones, esta irregularidad no solo infringe la normativa ambiental y de transporte, sino que además podría comprometer la estabilidad de una obra vial realizada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), pieza fundamental para la conectividad local.

Por tal motivo, la Procuraduría, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control disciplinario, abrió una actuación preventiva para evaluar posibles omisiones o fallas en la gestión administrativa de la Alcaldía de Salamina. Esta investigación cuenta con el respaldo técnico y operativo de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla, la Procuraduría Regional del Magdalena y la Procuraduría Judicial Ambiental, entidades que han unido esfuerzos para fortalecer el seguimiento y garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa vigente.

Entre los aspectos que serán objeto de revisión se incluyen la legalidad de la operación del ferry, el cumplimiento de las licencias ambientales, los protocolos para el manejo de riesgos por erosión fluvial y las medidas adoptadas por la administración local para preservar la infraestructura y proteger a la comunidad frente a posibles daños derivados de esta problemática.

Adicionalmente, la erosión fluvial en Salamina representa una amenaza significativa para la estabilidad territorial y el desarrollo sostenible del municipio, impactando no solo las obras públicas, sino también la calidad de vida de sus habitantes. Por esta razón, la Procuraduría subraya la importancia de que la Alcaldía implemente medidas efectivas y oportunas para mitigar estos riesgos, en coordinación con las autoridades ambientales y de transporte.

Finalmente, la Procuraduría advirtió que, en caso de comprobarse negligencia, incumplimiento o cualquier acción que ponga en peligro el interés público, se podrían iniciar procesos disciplinarios y sanciones administrativas contra los funcionarios responsables, reafirmando así el compromiso institucional de garantizar la transparencia y la correcta gestión pública en beneficio de la comunidad.