Las denuncias conocidas sobre presuntos contratos públicos
que habrían sido entregados a cambio de favores sexuales al expresidente Gustavo
Petro abrieron un debate sobre las posibles responsabilidades penales y las
implicaciones institucionales de los hechos. Mientras las autoridades avanzan
en la verificación de los señalamientos, también surgieron interrogantes sobre
la posibilidad de investigar la conducta de un exmandatario y las competencias
de la justicia.

En entrevista con La FM Fin de Semana, el exmagistrado Jaime
Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó los
escenarios jurídicos que podrían presentarse. El abogado sostuvo que la vida
privada de quien ocupa la Presidencia puede tener relevancia pública cuando
compromete la dignidad del cargo o involucra posibles delitos relacionados con
el uso de recursos del Estado. No obstante, recalcó que las acusaciones deben
probarse y que Petro conserva la presunción de inocencia.

¿Puede investigarse a Petro por indignidad después de dejar
la Presidencia?

Arrubla
señaló que la conducta de un presidente no puede analizarse exclusivamente como
un asunto privado, debido a las responsabilidades que implica ejercer la
jefatura del Estado. “La vida privada de un presidente de la República
no es tan privada”, afirmó, al explicar que quien ocupa ese cargo debe dar
ejemplo ante el país.

El exmagistrado indicó que, si se demuestra que se
utilizaron contratos públicos para beneficiar a terceros a cambio de servicios
sexuales, podría configurarse un posible peculado en favor de terceros. Sin
embargo, aclaró que se trata de una hipótesis que debe ser investigada y
respaldada con pruebas.

«Esto es aterrador, esto es una cosa gravísima. (…)
Cuando un presidente está en ejercicio de sus funciones, le corresponde un
antejuicio ante el Congreso que empieza con la comisión de acusaciones de la
cámara, si encuentra mérito, acusa ante la plenaria y si la plenaria encuentra
mérito, eso se va ante el Senado y es el Senado el que le toca levantar la dignidad
presidencial, acusándolo de indignidad», afirmó.

También explicó que el procedimiento depende de si las
conductas denunciadas ocurrieron durante el ejercicio de las funciones
presidenciales y de su relación con estas. Cuando un mandatario está en el
cargo, el proceso comienza en la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes y puede avanzar hacia la plenaria y el Senado.

Sobre la
situación actual del expresidente, Arrubla precisó que la terminación del
periodo presidencial implica, en principio, la pérdida del fuero, pero existe
una excepción cuando los posibles delitos se cometieron durante el ejercicio de
sus funciones.

“La
Constitución dice muy claro: terminado el cargo, terminado el fuero”, explicó.
Sin embargo, añadió que, si los hechos investigados tienen relación con las
funciones presidenciales, el Congreso podría conservar competencia para
adelantar el procedimiento y, si hay mérito, el caso llegaría a la Corte
Suprema de Justicia, juez natural del presidente.

Si las
conductas no tienen relación con el ejercicio del cargo, la investigación
correspondería a la Fiscalía y a los jueces penales competentes, como sucedería
con cualquier ciudadano.

Testimonios
y contratos: las pruebas que deben evaluar los jueces

Otro de los
puntos abordados fue el valor probatorio de conversaciones de WhatsApp,
perfiles en redes sociales y testimonios. Arrubla sostuvo que la valoración corresponde
a los jueces, pero destacó la importancia de la declaración de la mujer que
denunció haber recibido contratos a cambio de favores sexuales.

“Hay una
prueba mayor, que es una prueba testimonial”, señaló. Según explicó, la
denunciante afirma tener otros elementos para respaldar su versión, los cuales
deberán ser examinados dentro de la investigación.

El abogado
insistió en que el expresidente mantiene la presunción de inocencia y que
ninguna persona puede ser condenada sin pruebas suficientes y una decisión
judicial.

Además,
advirtió que las eventuales responsabilidades no se limitarían al exmandatario.
Funcionarios que hubieran facilitado contratos con recursos públicos y personas
que conocieran el propósito de esos pagos también podrían ser investigados,
dependiendo de lo que logren establecer las autoridades.

“La plata
del Tesoro Nacional es sagrada”, enfatizó Arrubla, al recordar que los recursos
públicos deben destinarse exclusivamente a los fines autorizados por el
presupuesto y no pueden utilizarse para pagar servicios particulares.

La
investigación deberá establecer qué ocurrió, quiénes participaron y si
existieron delitos. Por ahora, los señalamientos siguen bajo verificación y
cualquier responsabilidad deberá determinarse por las autoridades judiciales.

Bloque de
preguntas y respuestas

¿Puede
Gustavo Petro ser investigado por presuntos contratos públicos a cambio de
favores sexuales?

Sí. Según
el exmagistrado Jaime Arrubla Paucar, los señalamientos deben ser examinados
por las autoridades para establecer si se utilizaron recursos públicos con el
propósito de beneficiar a terceros. El abogado explicó que, si se demuestra esa
conducta, podría configurarse un posible peculado en favor de terceros. Sin
embargo, aclaró que se trata de una hipótesis que requiere pruebas.

¿Quién
puede investigar a Gustavo Petro después de dejar la Presidencia?

La
competencia depende de si los hechos denunciados tienen relación con el
ejercicio de sus funciones presidenciales. Si existe ese vínculo, según
Arrubla, el Congreso podría conservar competencia para adelantar el
procedimiento y, si hay mérito, el caso llegaría a la Corte Suprema de Justicia.
Si las conductas no están relacionadas con el cargo, la investigación
correspondería a la Fiscalía y a los jueces penales competentes.

¿Gustavo
Petro conserva el fuero presidencial después de dejar el cargo?

En principio,
el fuero termina cuando finaliza el periodo presidencial. Arrubla recordó que
la Constitución establece: “Terminado el cargo, terminado el fuero”. No
obstante, explicó que existe una excepción cuando los posibles delitos
investigados se cometieron durante el ejercicio de las funciones presidenciales
y tienen relación con ellas.

¿Qué papel
tiene la Comisión de Investigación y Acusación en un proceso contra un
presidente?

Cuando un
mandatario está en ejercicio, el procedimiento comienza en la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según explicó
Arrubla, el proceso puede avanzar hacia la plenaria y el Senado. Si se cumplen
las condiciones para continuar, el caso puede llegar a la Corte Suprema de
Justicia.

¿Qué
pruebas podrían utilizarse para investigar los presuntos contratos a cambio de
favores sexuales?

Entre los
elementos que podrían evaluarse están las conversaciones de WhatsApp, los
perfiles en redes sociales y los testimonios. Arrubla destacó especialmente la
declaración de la mujer que denunció haber recibido contratos a cambio de
favores sexuales y señaló que ella afirma contar con otros elementos para
respaldar su versión. La valoración de esas pruebas corresponde a las
autoridades judiciales.

¿Qué otros
funcionarios podrían ser investigados por los presuntos contratos?

Las
eventuales responsabilidades podrían alcanzar a funcionarios que hubieran
facilitado la entrega de contratos con recursos públicos y a personas que
conocieran el propósito de esos pagos. Según Arrubla, la investigación deberá
establecer quiénes participaron y si sus actuaciones constituyeron delitos.

/la fm