Lunes 16 de Febrero de 2026 – 4:01pmLo que comenzó como una serie de reclamaciones laborales de maestros jubilados ha escalado hasta convertirse en un proceso penal que toca la cúpula del Ministerio de Educación.
El Reporte Coronell reveló que la justicia busca determinar por qué se desembolsaron $260.437 millones a docentes a quienes previamente se les había negado legalmente el derecho a dichas prestaciones.
El debate jurídico se centra en quiénes tienen derecho a la prima de servicios establecida en la Ley 91 de 1989.
El Ministerio sostiene que los educadores con ‘pensión gracia’ o jubilados después de 2011 están excluidos.
La versión del abogado Yobanni López: asegura que los maestros llevan 35 años esperando este pago y que existen sentencias del Consejo de Estado que respaldan el cobro.
La denuncia: se habrían realizado pagos “a dedo” ignorando fallos judiciales previos que prohibían la entrega de ese dinero.
La lupa de la Fiscalía también caerá sobre el abogado Yobanni Alberto López. Según la investigación periodística, su firma cobra entre el 20% y el 30% de cada pago recibido por los jubilados.
El abogado defendió sus actuaciones en 6am de Caracol Radio, calificando las acusaciones de “afrenta” y alegando que el Gobierno busca desconocer derechos adquiridos por valor de 3 billones de pesos.
Mientras el presidente Gustavo Petro denunció estas irregularidades en el último Consejo de Ministros, el sindicato de maestros (Fecode) se mantiene firme. Su presidente, Domingo Ayala, acusó al Gobierno de querer “desconocer el pago de la prima” de todos los educadores jubilados, lo que profundiza la grieta entre el Ejecutivo y uno de sus principales aliados políticos.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, quien manifestó haberse enterado de la compulsa de copias a través de la prensa, deberá responder ahora ante la justicia por la presunta falta de control sobre los recursos que administra la Fiduprevisora.
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Fecha de Publicación: domingo, 15 de febrero del 2026