El proceso judicial contra el exgobernador del Magdalena, Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes Habeych, continuó este miércoles ante el Tribunal Superior de Bogotá. Durante la diligencia, la Fiscalía presentó nuevos elementos relacionados con presuntas irregularidades en el contrato de concesión 674 del 11 de diciembre de 2012, suscrito entre la Gobernación del Magdalena y la empresa Aposmar S.A., por la explotación de juegos de suerte y azar en el departamento.

En la audiencia declaró Hernando José Escobar Medina, periodista y veedor ciudadano, quien relató cómo desde hace más de una década ha denunciado presuntos hechos de corrupción en la administración pública del Magdalena. Escobar afirmó que el contrato con Aposmar se adjudicó sin pluralidad de oferentes y con condiciones que habrían favorecido indebidamente a la empresa.

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Asimismo, el testigo aseguró que la Gobernación de entonces, bajo el mandato de Cotes, no habría garantizado la correcta supervisión del convenio, lo que derivó en el incumplimiento de transferencias por derechos de explotación en los años 2012 y 2013. Dichos pagos, por más de $79 millones, fueron realizados posteriormente tras requerimientos de la Secretaría del Interior.

Durante la diligencia, la Fiscalía sostuvo que el proceso contractual pudo haber vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva, lo que constituye una posible conducta de interés indebido en la celebración de contratos.

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Escobar también explicó que sus investigaciones periodísticas y denuncias ante los organismos de control impulsaron el proceso penal contra el exmandatario y otros exfuncionarios. “En el departamento del Magdalena era evidente el direccionamiento de los contratos y la falta de vigilancia sobre los recursos públicos”, manifestó.

El juicio contra el exgobernador Cotes hace parte de un expediente más amplio que investiga presuntas irregularidades administrativas y financieras durante su gobierno (2012-2015). La Fiscalía busca determinar la responsabilidad del exmandatario en las decisiones que habrían favorecido a contratistas y afectado el patrimonio departamental.

El proceso continuará con la presentación de nuevos testigos y documentos. La defensa del exgobernador sostiene que todas las actuaciones se ajustaron a la ley y que el contrato fue legalmente adjudicado. Entretanto, el caso sigue bajo la atención pública por su relevancia en la lucha contra la corrupción en el Magdalena.