Federico Estrada García, gerente de la
Lonja de Medellín y el excongresista Armando Zabaraín De Arce participaron en
el panel sobre el proyecto de ley que busca regular y profesionalizar la
actividad inmobiliaria en Colombia.

El tema fue analizado en el VI Encuentro
Inmobiliario Santa Marta 2026.

La regulación del corretaje inmobiliario en
Colombia, la profesionalización de quienes ejercen esta actividad y la
generación de mayores garantías para los ciudadanos fueron algunos de los temas
centrales del VI Encuentro Inmobiliario Santa Marta 2026, durante un panel
dedicado al proyecto de Ley 242 de 2025, que busca establecer un marco
normativo para el ejercicio de esta actividad económica.

En el espacio participaron el excongresista
Armando Zabaraín De Arce, quien ha acompañado la iniciativa legislativa, y
Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Medellín, quienes expusieron
los alcances de la propuesta y la importancia de establecer reglas claras para
un sector que interviene en decisiones económicas de gran relevancia para las
familias y los inversionistas.

Zabaraín explicó que la iniciativa ya
superó su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y
cuenta con ponencia para segundo debate, por lo que manifestó su expectativa de
que pueda avanzar en la plenaria antes de finalizar el año.

El excongresista destacó que uno de los
propósitos fundamentales es formalizar y profesionalizar las transacciones
inmobiliarias, tanto las que realizan las grandes compañías como aquellas
operaciones familiares relacionadas con la adquisición de la primera vivienda.

«Queremos que esté garantizada con un
sistema que permita que no haya fraudes», manifestó Zabaraín, al señalar
que la regulación también busca prevenir el lavado de activos y otros delitos
económicos asociados a las operaciones inmobiliarias.

Agregó que el país necesita un sistema que
genere tranquilidad y confianza, en el que prevalezcan la transparencia y la
honestidad en el manejo de los recursos.

PROPUESTAS DESDE EL MAGDALENA

Sobre el trámite legislativo, Zabaraín
explicó que el representante Óscar Darío Pérez Pineda, autor y coordinador de
la iniciativa, viene liderando su discusión en el Congreso. En ese sentido,
expresó su confianza en que el proyecto pueda avanzar en segundo debate antes
del 16 de diciembre de 2026 y completar su trámite legislativo durante el
siguiente periodo.

El excongresista también abrió la
posibilidad de incorporar planteamientos del sector inmobiliario del Magdalena
al articulado, a partir de las inquietudes y observaciones recogidas durante el
encuentro.

«Me gustaría que el núcleo
inmobiliario del Magdalena pueda, con todas estas preguntas, armar algunas
proposiciones que podamos incluir para que Óscar Darío las someta a discusión
con su equipo», expresó, al considerar que las experiencias regionales
pueden enriquecer la iniciativa.

PROFESIONALIZAR PARA GENERAR CONFIANZA

Por su parte, Federico Estrada García,
gerente de la Lonja de Medellín, destacó que establecer requisitos para ejercer
como corredor inmobiliario representaría beneficios tanto para los usuarios
como para los profesionales del sector.

Según explicó, Colombia carece actualmente
de un marco regulatorio específico que establezca condiciones para ejercer esta
actividad, situación que hace necesario avanzar hacia un sistema de
reconocimiento y requisitos para quienes intermedian en los negocios
inmobiliarios.

«Somos el único país en Latinoamérica
que no tiene un marco de requisitos para ejercer la actividad
inmobiliaria», afirmó Estrada, quien aclaró que esto no significa
desconocer la experiencia y el talento humano que actualmente acompaña a
compradores y vendedores.

El directivo sostuvo que la
profesionalización permitiría ofrecer mayor seguridad, confianza y
transparencia en las negociaciones, al tiempo que contribuiría a dignificar una
actividad que cumple un papel importante en el mercado de bienes raíces.

También explicó que no se trata simplemente
de crear una tarjeta profesional, sino de reconocer que el corretaje
inmobiliario es un oficio con un alto riesgo social y que, por esa razón, debe
contar con requisitos claros para su ejercicio.

«Sin lugar a dudas será un beneficio
muy grande para la comunidad», señaló, al referirse a la importancia de
que las personas cuenten con profesionales preparados y sujetos a reglas claras
cuando realizan inversiones tan significativas como la compra de una vivienda,
un local comercial u otro tipo de inmueble.

El debate desarrollado en Santa Marta
permitió poner sobre la mesa las expectativas del gremio regional frente a una
iniciativa que, de convertirse en ley, modificaría las condiciones bajo las
cuales se desarrolla el corretaje inmobiliario en Colombia, con implicaciones
para los agentes, las empresas y, especialmente, los ciudadanos que participan
en este mercado.