Se acaba la era de la política de Paz Total del Gobierno de
Gustavo Petro y comienza la era del sometimiento a la justicia del presidente
Abelardo De La Espriella. Con
el tiempo en contra y el riesgo de repetir el error que llevó a expedir el
presupuesto por decreto, el Congreso logró aprobar la prórroga de la Ley 418 de
1997, conocida como Ley de Orden Público.

En sus 30
artículos se desmonta el modelo de negociaciones del Gobierno anterior: se
acaban las mesas de diálogo, los grupos criminales pierden cualquier reconocimiento
político, desaparecen los gestores de paz y la política de seguridad queda
centrada en dos caminos: el sometimiento a la justicia o la acción de la Fuerza
Pública.

El
presidente De La Espriella sancionará la ley con el texto aprobado por el
Senado. Allí, el debate tuvo que repetirse por las críticas de la oposición petrista,
que cuestionó que la ponencia no se hubiera presentado ni discutido
debidamente.

Entre los
principales cambios aprobados por los senadores está el endurecimiento de las
condiciones para acceder a las rebajas de penas. En el caso de los delitos
relacionados con lavado de activos, se amplió de uno a seis años el tiempo de
privación efectiva de la libertad exigido para acceder al beneficio
correspondiente.

Otro de los
ajustes establece que no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado
quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean
responsables de reclutar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años para
las estructuras criminales.

En materia
de sanciones, el texto mantiene un esquema diferenciado según el nivel de
responsabilidad dentro de las organizaciones. Los integrantes de base podrán
acceder a una reducción de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los
cabecillas y quienes desempeñen funciones de mando la rebaja será de hasta el
30 %. En ningún caso la condena para estos últimos podrá ser inferior a diez
años de prisión.

La
iniciativa también establece que quienes se sometan deberán cumplir sus penas
en centros de reclusión bajo la administración del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), con restricciones efectivas de la libertad.

El único
artículo que fue eliminado fue el que contemplaba la posibilidad del uso de
gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(FONSECON). Además, se estableció que los departamentos y municipios no tendrán
que asumir las cargas derivadas de los procesos de sometimiento, cuya
coordinación estará en cabeza del Ministerio de Justicia.

Al cierre
de la discusión, tanto el Gobierno como la bancada oficialista defendieron que
la nueva ley cambia por completo las reglas de juego: no habrá zonas especiales
de concentración, sino que los integrantes de las organizaciones pagarán sus
condenas en cárceles o centros administrados por el INPEC; no habrá suspensión
de órdenes de captura ni de extradición, tampoco mesas de diálogo ni
interrupción de operaciones militares.

Finalmente,
quienes se sometan a la justicia perderán definitivamente sus derechos
políticos. No podrán aspirar a cargos de elección popular, ocupar empleos
públicos ni contratar con el Estado.

/blu radio