La Corte Constitucional se abstuvo de resolver el conflicto
de competencias entre la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes por la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez,
relacionada con las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio del defensor
de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

La Sala Plena tomó la decisión
de “declararse inhibida”, al considerar que no se cumplían los “presupuestos
normativo y objetivo” necesarios para configurar un conflicto de
jurisdicciones.

La decisión fue adoptada por una votación de siete magistrados contra dos, bajo
ponencia de la magistrada y presidenta de la Corte, Paola Meneses. Los
magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto,
mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés González presentó una aclaración
de voto.

La controversia comenzó en agosto pasado, cuando el entonces presidente de la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Carlos Alberto Cuenca,
solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que remitiera a esa
instancia el expediente contra Uribe.

La Comisión argumentó que tenía competencia para investigar los hechos que,
según su hipótesis, estarían relacionados con un presunto concierto para
delinquir agravado que se habría extendido hasta 2003, cuando el expresidente
ya ejercía la Presidencia de la República.

La Fiscalía rechazó esa solicitud y sostuvo que los hechos que son objeto de
investigación ocurrieron entre 1996 y 1997, cuando Uribe se desempeñaba como
gobernador de Antioquia. Por ello, consideró que el proceso debía permanecer en
manos de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Uribe fue denunciado desde hace más de 20 años por su presunta participación en
las masacres de ‘El Aro’ y ‘La Granja’, especialmente con base en el testimonio
de un exparamilitar, Francisco Villalba, que posteriormente fue asesinado.

En ese momento, antes de ser extraditado, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso
negó cualquier participación de Uribe en esas masacres, aunque después de
regresar al país, en una declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), afirmó lo contrario, que el expresidente sí conocía lo que estaba
ocurriendo.

La masacre de ‘La Granja’, un corregimiento de Ituango, la perpetró un grupo de
las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) el 11 de junio
de 1996. La de ‘El Aro’, también corregimiento de Ituango, se registró entre el
22 y el 31 de octubre de 1997, ambas mientras Uribe era gobernador de
Antioquia.

Uribe también es investigado por su presunta participación en el homicidio de
Jesús María Valle, líder de derechos humanos que denunció ante el entonces
gobernador la presunta participación del Ejército en las masacres.

Durante la primera sesión de indagatoria ante la Fiscalía, adelantada el pasado
cuatro de septiembre, el exmandatario manifestó que acudía a “decir que no he
sido asesino», y aseguró ser una víctima de todas las acusaciones en su
contra.

/colprensa