Gobierno denuncia presuntas irregularidades en la ZUT del Valle del Guamuez

Redacción Hoy Diario del Magdalena
En medio de las gestiones y vigilancia del Gobierno a los
recursos públicos, se registró una nueva denuncia sobre presuntas
irregularidades que se estarían presentando en la Zona de Ubicación Temporal
del Valle del Guamuez, ubicada en Putumayo.
El director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, aseguró que se ha
presentado consumo de bebidas alcohólicas, posibles sustancias alucinógenas,
riñas e ingreso de menores de edad a las instalaciones.
“Una zona de ubicación
temporal, como la del Valle del Guamuez, es un lugar de paso hacia la
legalidad, no es una finca de recreo pagada por el Estado”, indicó.
Según lo
explicado por el funcionario, las alertas quedaron consignadas en un informe
presentado el 15 de octubre por el operador encargado de la zona que especificó
que estas acciones irregulares ocurrieron entre el 10 al 14 del mismo mes y por
las que se pide acciones inmediatas.
Además, el
director del Dapre señaló que, a través del Fondo de Programas Especiales para
la Paz, se han desembolsado más de $13.000 millones para el funcionamiento de
la ZUT, sin que, según el balance presentado, se haya legalizado un solo gasto
ante las instancias correspondientes. A esto se suma que el 30 de julio de 2026
se suscribió una adición contractual por $1.127 millones, ocho días antes del
cambio de Gobierno. Ríos manifestó que la Contraloría conoce la situación y
pidió que se adelante una revisión detallada de los recursos ejecutados.
Otro de los
temas que genera alarma es que el contrato se justificó para atender a 200
personas, pero únicamente ingresaron 99 y actualmente permanecerían alrededor
de 50. Según las cifras expuestas, durante septiembre se ejecutaron cerca de
$460 millones, lo que representaría un gasto superior a los $8 millones por
persona en ese mes.
“Más de la
mitad de los cupos que se pagan están lamentablemente vacíos”, señaló.
Ríos
expresó preocupación por la presencia de niños, niñas y adolescentes en la
zona, al considerar que su permanencia en un espacio donde se han reportado
situaciones de consumo de alcohol y posibles sustancias representa un motivo de
alerta. Incluso planteó la posibilidad de que los menores estén siendo
instrumentalizados para favorecer la continuidad del funcionamiento de la
instalación.
“La
pregunta que hay que hacerle al país no es si esta zona se cierra. La pregunta
es otra: ¿qué recibió Colombia por esos 13 mil millones de pesos? ¿Cuántas
personas quedaron efectivamente en la legalidad?”, manifestó.
Finalmente,
anunció que el Gobierno no prorrogará ni adicionará contratos que, a su juicio,
fomenten un uso inadecuado de los recursos públicos. Señaló que quienes busquen
avanzar hacia la legalidad cuentan con alternativas institucionales, entre
ellas la oferta de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN),
y solicitó acompañamiento especial de la Contraloría durante el proceso.
Claves del
tema: cuatro preguntas
¿Qué
función cumple el Fondo de Programas Especiales para la Paz?
Es una
instancia del Gobierno nacional que financia programas y acciones relacionadas
con la construcción de paz, mediante recursos destinados a iniciativas y
compromisos institucionales en esta materia.
¿Cuál es la
función de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)?
La ARN
acompaña los procesos de reincorporación y reintegración de personas que dejan
las armas, mediante programas de acompañamiento social, económico y comunitario
para facilitar su vinculación a la vida civil.
¿Qué
facultades tiene la Contraloría General de la República frente a este tipo de
denuncias?
Puede
ejercer vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos, adelantar
auditorías, solicitar información, establecer posibles responsabilidades
fiscales y promover las actuaciones correspondientes cuando encuentra
irregularidades.
¿Qué papel
cumple el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a la presencia de
menores en estos espacios?
El ICBF
tiene la responsabilidad de proteger los derechos de niños, niñas y
adolescentes, verificar posibles situaciones de vulneración y activar las rutas
de atención y restablecimiento de derechos cuando sea necesario.
/la fm
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