La Contraloría General de la Nación evidenció que, en la aplicación de la política pública para los migrantes en el país, normatividad expedida por el Gobierno nacional a través de un decreto, hay vacíos importantes. Migración Colombia, por ejemplo, no cuenta con personal suficiente para cumplir con las demandas del aumento en el flujo migratorio de entrada al país.

De acuerdo con la entidad, miles de colombianos están retornando al país desde Centroamérica debido a las estrategias implementadas por el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump. Lo que preocupa a la Contraloría y a gobiernos departamentales es la cantidad de riesgos a los que están expuestos los migrantes: la violencia, la trata de personas, el tráfico de drogas y los impactos económicos que este fenómeno puede ocasionar en las regiones, entre otros.

De acuerdo con el contralor encargado de la gestión pública, Luis Enrique Abadía García, varias entidades implicadas en este fenómeno tienen problemas para ejecutar las políticas migratorias y en los territorios no se está aplicando de manera correcta por falta de recursos.

También se reportaron limitaciones por parte de las Fuerzas Militares incluyendo escasez de personal y combustible lo que ha dificultado las labores de detección y monitoreo especialmente en las zonas con mayor flujo de migrantes. A nivel territorial el estudio muestra que, aunque los departamentos más afectados se sienten desbordados por la cantidad de migrantes, no reconocen ese tráfico como un problema de alto impacto en su territorio”, aseguró.

Entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2025, Migración Colombia registró el ingreso de más de 7.000 migrantes por vía marítima desde Puerto Baldía en Panamá al municipio de Acandí en Chocó y de allí un gran porcentaje se movilizó hacia el municipio de Necoclí en Antioquia. Lo que representa un reto para estos departamentos, no solo en materia social, sino económica; el 43 % de este flujo lo constituyen mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes enfrentan riesgos diferenciados y requieren respuestas especializadas para garantizar su protección y bienestar.

Según la Contraloría, más de 1 .100.000 migrantes han recibido apoyo estatal, lo que le ha costado a la nación aproximadamente $2,93 billones de pesos, valor que, de acuerdo con la entidad, podría estar en aumento.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, criticó que el Gobierno no haya tenido en cuenta la importancia geográfica del Chocó al ser frontera total con Panamá.

“La política migratoria es un asunto de orden nacional por lo que está a cargo del ministerio de relaciones exteriores. Es muy raro que la famosa ley de fronteras tenga tan baja aplicabilidad en un departamento como el Chocó. Nosotros no tenemos la suficiencia que se requiere a Migración Colombia, al ICBF y al Ministerio Público en esos puntos críticos de migración tanto de ida como de vuelta”, indicó la gobernadora.

Así mismo, tanto la Contraloría como la gobernadora y ministerios representados en el foro, le solicitaron al Gobierno nacional fortalecer los sistemas de control, mejorar la distribución de los recursos y focalizarlos en los territorios para garantizar y proteger a los migrantes, pero también los recursos de la nación.