El documento busca una coordinación entre
entidades, pero deja algunas preguntas sobre la cadena de custodia y protección
del cadáver.

El borrador de decreto que tiene listo el
Gobierno, para regular las actuaciones de las entidades cuando se presenten
fallecimientos en operaciones de la fuerza pública, que haya sido legalmente
ordenada o que tenga un nexo causal directo y verificable con ella.

El documento busca una coordinación entre
los Ministerios del Interior, Defensa, Justicia, la Fiscalía General de la
Nación, la Policía Nacional, los gobernadores y los alcaldes, y establece que
deberán mantener una comunicación y coordinación institucional.

El borrador del decreto establece que
cuando un integrante de la Fuerza Pública tenga conocimiento de un
fallecimiento relacionado con una operación legalmente ordenada, deberá
informar de inmediato a la Fiscalía o a la autoridad de policía judicial
competente, y proporcionarle la información necesaria para facilitar la
atención del caso y las actuaciones correspondientes.

El decreto establece un periodo inicial de
seis meses, con evaluación a los tres meses y un informe final.

Algunos interrogantes

Sin embargo, a pesar de que el Gobierno
busca evitar que las Fuerzas Militares intervengan indebidamente en la
investigación judicial, el documento deja algunos interrogantes sobre las
prohibiciones y responsabilidades de preservación de los cadáveres, pues no
puntualiza el cómo debe actuar la unidad militar frente al cuerpo mientras
llega la autoridad competente a la zona donde se encuentra. Tampoco establece
tiempos concretos para la llegada de las autoridades judiciales y forenses, ni
delimita suficientemente la responsabilidad sobre el cadáver. Además, no
puntualiza quién determina que existe el nexo causal sobre si un fallecimiento
está relacionado o no con una operación.

Así las cosas, deja algunas preguntas sobre
quién tendrá la cadena de custodia del cadáver, quien responderá por la
protección del cuerpo, quien garantizará que no sea alterado y quien responderá
ante una eventual pérdida de integridad o contaminación de la escena.

Sumado a esto, el borrador de decreto aún
tiene vacíos sobre la delimitación de las responsabilidades de cada
institución, y no desarrolla qué puede suceder cuando una autoridad incumpla
con sus obligaciones.