Los vecinos aseguran que, pese a contar con la documentación que acredita que las vías son de carácter público, funcionarios del Distrito y hombres armados identificados como vigilantes privados han intentado frenar el avance de las obras, bajo el argumento de que las calles pertenecen a una propiedad privada.

“Nos estamos viendo sumamente afectados por la suspensión de los trabajos. No tenemos redes de aguas blancas ni negras y aquí viven personas mayores, niños y pacientes con enfermedades catastróficas. No pueden dejarnos así”, denunció Verena Castiblanco, líder del comité Mi Calle de la Urbanización Tairona.

Según Castiblanco, la comunidad cuenta con documentos expedidos desde 2022 por la administración distrital anterior, representada por la entonces secretaria de Infraestructura Birna Johnson, que autorizan la intervención de las vías.

Aun así, la líder comunitaria asegura que en los últimos días funcionarios de la Alcaldía han llegado acompañados por la Policía a suspender los trabajos sin presentar soporte jurídico o técnico.

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Ni hacen ni dejan hacer

Los residentes relatan que los supuestos vigilantes de la empresa privada merodean las calles armados y toman fotografías de los trabajadores y vecinos, lo que ha generado miedo entre las familias.

“Nos toman fotos sin consentimiento y eso está prohibido. Nunca se ha presentado el supuesto dueño del lote, solo manda a los vigilantes a amedrentarnos”, expresó otro de los vecinos.

La comunidad insiste en que el terreno y las calles cuentan con registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos y Catastro, además de pago regular de impuestos y servicios públicos, lo que desvirtúa cualquier reclamación privada.