La
defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que las mujeres que denuncian una
presunta red de contratos estatales a cambio de servicios sexuales durante el
gobierno del expresidente Gustavo Petro deben recibir credibilidad y respaldo
institucional, mientras las autoridades competentes verifican los hechos. En
entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria calificó el caso como “una denuncia
muy delicada” y señaló que, si se confirma, sería “extremadamente grave”.

Marín evitó
adelantar conclusiones sobre la veracidad de los señalamientos, pero insistió
en que el país tiene derecho a conocer lo ocurrido. Su pronunciamiento se
produce en medio de las investigaciones abiertas por distintas instancias
judiciales tras la difusión pública de testimonios y documentos relacionados
con contratos en entidades del Estado.

Defensoría
del Pueblo pide credibilidad para las mujeres denunciantes

La
defensora recordó la postura que ha mantenido la entidad frente a este tipo de
casos: “Siempre la Defensoría del Pueblo ha sido de la posición de creerles,
especialmente a las mujeres, en estas situaciones”.

En ese
sentido, pidió acompañar a las denunciantes durante el proceso: “Hay que darle
toda la credibilidad y respaldo para que se verifique si efectivamente hubo
esta correlación”.

Marín se
refirió así a la relación entre los contratos y los presuntos encuentros, un
punto que considera central en la investigación. Según explicó, aunque la
información pública indica que los contratos existieron, eso por sí solo no
demuestra que hubieran sido entregados como contraprestación: “La existencia de
los contratos, que parece ser por la información pública que es real, no
comprueba que el contrato hubiera sido la contraprestación”.

Las
preguntas clave de la investigación

La
funcionaria planteó dos aspectos que, a su juicio, deben esclarecer las
autoridades. El primero es si existió un vínculo entre la contratación y los
servicios sexuales denunciados. El segundo, en caso de confirmarse lo anterior,
es determinar si hubo alguna forma de explotación sexual o si las mujeres
conservaron en todo momento su libertad frente a esos encuentros.

“Estos dos
elementos son fundamentales, porque si se llega a comprobar, podríamos estar
hablando de situaciones de violencia de género, alimentados por recursos
públicos al más alto nivel del Estado, y sería extremadamente grave”, sostuvo.

Pese a la
gravedad de los señalamientos, la defensora fue enfática en la necesidad de
esperar los resultados de las investigaciones: “No quiero anticiparme.
Justamente son las instituciones competentes quienes tienen que actuar con toda
la celeridad para no anticiparnos a los resultados. Pero sí tenemos derecho a
saber qué fue lo que ocurrió”.

También
advirtió que resulta difícil pronunciarse de fondo “sin que las autoridades
hayan revisado todos estos documentos de testimonio” que se hicieron públicos
en medios de comunicación.

La denuncia
de Deicy Jiménez y las 48 mujeres en el Dapre

El caso
tomó fuerza el domingo 25 de octubre, con el testimonio de Deicy Jiménez, una
joven de 26 años que denunció que el exmandatario habría utilizado contratos
estatales para retribuir encuentros íntimos con mujeres y aseguró que ella
misma formó parte de esa dinámica. La entrevista fue publicada por la revista
Semana. La denunciante afirmó que tuvo contratos durante cinco años en el
Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio
del Interior.

Días antes,
el miércoles 21 de octubre, en la Comisión Segunda del Senado, el director del
Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, anunció que
el Gobierno De la Espriella denunciaría ante la justicia que Petro habría
instrumentalizado a 48 mujeres vinculadas al Dapre.

Tras estas
revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para
investigar las denuncias y, dentro de las primeras actuaciones previstas,
citará a declarar a Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes estuvieron al
frente del Dapre. Por su parte, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia admitió para su estudio una denuncia contra la excongresista María
José Pizarro y el expresidente Gustavo Petro, cuyos hechos se remontan al
periodo en el que Petro ejercía como congresista. Además, la Comisión de
Acusación recibió denuncias del Instituto Anticorrupción y de la Red de
Veedurías Ciudadanas, aunque aún no hay investigación formal contra el
expresidente.

La
respuesta del expresidente Petro

El exmandatario
ha negado los señalamientos. Petro respondió en una carta extensa en la que
niega haber pagado alguna vez por un favor sexual y, en un comunicado, aseguró
que hay una operación en su contra por parte del actual gobierno de Abelardo de
la Espriella.

Comunicado
el presidente Gustavo Petro por las denuncias de Deicy Jiménez

Entre
tanto, el presidente De la Espriella ordenó al ministro de Justicia y ministro
del Interior encargado, Iván Cancino, activar una ruta de protección para la
joven que presentó la denuncia.

/blu radio