La Unidad Investigativa de Noticias Caracol destapó, afortunadamente, el entramado criminal que Gustavo Petro mantenía bajo absoluta reserva -y con la anuencia complaciente de su fiscal Camargo- mediante el cual una célula narcoterrorista Farc tenía acceso directo y privilegiado a nada menos que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Así de descarnado.

A partir de la denuncia periodística, de una gravedad inédita, comienzan a encajar piezas que antes parecían aisladas. Desde su llegada al poder, Petro desmanteló las áreas de inteligencia del Ejército y la Policía; repartió “salvoconductos” a los cabecillas de los grupos criminales bajo la etiqueta de “gestores de paz”, sin límites ni control; y, además, ha entregado la DNI a antiguos militantes del M-19, incluido un prófugo de la justicia. Era cuestión de tiempo para que el país comprendiera las consecuencias de haber elegido a un guerrillero indultado cuya desmovilización mental nunca ocurrió.

Ese talante explica la persecución implacable contra altos oficiales, con más de ochenta generales y coroneles retirados -y otros reintegrados pese a delicados antecedentes- en una purga sin precedentes. El propósito, evidente: debilitar a la Fuerza Pública mientras se consolidan alianzas con estructuras criminales.

La captura en flagrancia de alias “Calarcá”, en julio de 2024, y quien, por obra y gracia de una disposición de la Fiscalía, recuperó su libertad de inmediato, permitió descubrir lo que parecía impensable: el cabecilla tenía información reservada de la Fuerza Pública y, según los hallazgos iniciales, las Farc influían en ascensos y retiros de oficiales de alto rango. También manejaban información privilegiada dentro de la DNI, a través de su director de operaciones, Wilmar Mejía, pieza clave en la supuesta articulación con esa organización criminal. Estamos, sin duda, ante uno de los episodios más graves en la historia.

El análisis de los numerosos correos y chats en poder de “Calarcá” muestra que las Farc, a través del general Juan Miguel Huertas -retirado durante el gobierno de Duque, vinculado luego a la campaña de Petro y reintegrado posteriormente al Ejército-, lograban frenar operaciones militares y garantizar desplazamientos seguros de sus cabecillas. Una infiltración sistemática, profunda y funcional para sus intereses.

Pero lo más escandaloso es la conducta de las autoridades. La fiscal Camargo, apenas se hizo público el informe periodístico, decidió -tras más de un año de silencio- agilizar el proceso. Y la Dijin, bajo control de Petro, demoró inexplicablemente los análisis forenses de los dispositivos incautados. Un entramado perfecto: captura simbólica, liberación inmediata, investigaciones congeladas y evidencias guardadas.

Como si fuera poco, fuentes oficiales no descartan que alias “Calarcá” esté detrás del crimen del coronel Rafael Granados Rueda, comandante de la Brigada contra el Narcotráfico, en una macabra retaliación vinculada a las acciones judiciales iniciadas después del escándalo periodístico.

Así las cosas, lo verdaderamente inquietante son los interrogantes que quedan abiertos: ¿qué falta por conocerse?; ¿Hasta dónde llegaba el acceso de “Calarcá”? ¿Era, de facto, un “jefe de inteligencia” del Estado? ¿Qué otros cabecillas tienen entrada a entidades oficiales? ¿Tienen los grupos narcoterroristas acceso al presupuesto nacional o a otros sistemas estratégicos del Estado? ¿Cuál es el plan de Petro -y sus aliados- para las elecciones de 2026?

Los lazos entre los cabecillas criminales y el círculo de poder del gobierno son tan fuertes que hablar de infiltrados resulta ingenuo. No entraron a escondidas: Petro los invitó y les cedió el control para destruir el Estado desde adentro.

*Expresidente del Congreso