La exalcaldesa de Santa Marta, Virna Lizzi Johnson Salcedo, fue sancionada con 8 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos debido a presuntas irregularidades y sobrecostos en la construcción de la cancha de Gaira, un proyecto que costó 4.900 millones de pesos y que desde el inicio fue cuestionado.

El Ministerio Público declaró responsable disciplinariamente a la exmandataria “por encontrarse probado y no desvirtuado” el cargo de imputado e impuso la sanción disciplinaria consistente en “destitución e inhabilidad general para ejercer función pública en cualquier cargo durante 8 años y 2 meses”.

A través de un documento de 120 páginas el máximo organismo del ministerio público detalla los presuntos sobrecostos e irregularidades en la ejecución de esta obra, en las cuales habrían incurrido la exmandataria y el gerente de infraestructura en aquella época, Jhonatan Nieto, quien también quedó inhabilitado por el mismo tiempo.

Según la Procuraduría, ambos asumirían la responsabilidad de las decisiones tomadas, dado que este proyecto presentara irregularidades que impactaran en la correcta utilización de los fondos públicos.

El ente investigaba el contrato 001 del 15 de julio de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Santa Marta y la empresa B&P Construcciones para levantar una cancha de fútbol de Gaira.

La queja ante la Procuraduría fue presentada por el Representante a la Cámara Hernando Guida Ponce por “presunta omisión” de la entonces alcaldesa Virna Johnson, el gerente de Infraestructura, Jonatan Nieto Gutiérrez, y la directora de contratación, Greysi Ávila.

El 17 de mayo de 2024, la Procuraduría ordenó el archivo de la investigación en contra de Greysi Ávila y formuló cargos contra Virna Johnson y Jonatan Nieto.

En el fallo de primera instancia, según la Procuraduría, “configuró una flagrante violación al principio de Transparencia y el deber de selección objetiva”, pues “se limitó la pluralidad de oferentes” debido a que “los requisitos exigidos y los adicionales, limitaron de forma restrictiva la participación de más oferentes dentro del proceso licitatorio”.

Es válido mencionar que, esta resolución todavía no es definitiva, siendo apenas en primera instancia, lo que quiere decir que los sancionados tienen la opción de interponer sus correspondientes apelaciones, mientras esperan respuesta del organismo si la sanción sigue en firme, o es revocada en segunda instancia.