En un insólito hecho, la Asamblea departamental del Magdalena realizó su primera sesión ordinaria del año a puerta cerrada. No se permitió a los medios la entrada a la sesión de la misma que es pública.

Entre los argumentos que esgrimieron quienes custodiaban la entrada dijeron que “son órdenes” o “es que es sábado de carnaval”. Estos argumentos carecen de fundamentos, toda vez que, al tratarse de una sesión pública, la entrada debe ser permitida a la prensa para no violar el derecho a la libertad de expresión.

Según versiones, los encargados de la portería, sólo permitieron la entrada a los diputados y a un acompañante, pero a la prensa no se le permitió cumplir con su deber de informar.

Lo anterior constituye una falta gravísima al derecho de la libertad de prensa, la cual es esencial para la construcción de democracias, a la vez que se constituye es una violación del derecho de la comunidad a estar informados de todos los temas que tengan que ver con la Función Pública.

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